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Las personas que habitan en países sujetos a sanciones carecen de las herramientas necesarias para protegerse y recibir los tratamientos adecuados contra la pandemia del coronavirus ya que las excepciones humanitarias a estas medidas no funcionan, advirtieron cinco expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.

Brasil ya es el tercer país del mundo con más casos, mientras Perú y Chile presentan un número creciente de pacientes con COVID-19. La enfermedad llegó a América del Sur más tarde que en otras regiones, pero ya hay más de medio millón de personas afectadas. Las agencias de la ONU piden que se proteja a los más vulnerables, entre ellos los migrantes venezolanos.

El Consejo de Seguridad permanece dividido en cuanto a Venezuela, según se observó en una sesión convocada por Rusia para discutir el intento de incursión armada ocurrido en las costas venezolanas el pasado 3 de mayo.

Numerosos profesionales que dejaron Venezuela están ayudando en la respuesta al COVID-19 en sus países de acogida, devolviendo parte de la solidaridad que han recibido. Desde médicos, a emprendedores que dan clases de marketing por internet, los refugiados aportan sus conocimientos y su trabajo en el combate a una enfermedad que no entiende de nacionalidades.

Millones de refugiados y migrantes venezolanos han quedado en una situación todavía más vulnerable con la llegada de la pandemia de COVID-19 y necesitan ayuda para sobrevivir. Las agencias de la ONU están apoyando a las autoridades nacionales para atender a los venezolanos y sus comunidades de acogida.

Más de nueve millones de venezolanos no pueden acceder a los alimentos, aunque estén disponibles en el país, por la hiperinflación. Un 60% de la población ha tenido que recortar las porciones de comida, según una encuesta nacional del Programa Mundial de Alimentos. Cuatro de cada diez hogares también sufren cortes de los servicios de luz y agua.  

Millones de personas no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica, asegura el coordinador del socorro de emergencia de la ONU, que señala que “sólo una solución política puede detener el sufrimiento en Venezuela”.

El plan humanitario requiere esos fondos para atender hasta finales de este año las necesidades más urgentes en las áreas de salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, nutrición, protección, alojamiento y educación de 2,6 millones de venezolanos, de los cuales 1,2 millones son niños o adolescentes.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, ochenta venezolanos han fallecido en tres naufragios desde abril. También ha informado de la muerte de otras 144 personas, de distintas nacionalidades, cuando intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

UNICEF está reforzando la respuesta para atender a los 3,2 millones de niños que requieren asistencia. Ante la situación en el país, más de cuatro millones de venezolanos han decidido marcharse, en el que es ya uno de los mayores movimientos de desplazados del mundo.