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El Estado mexicano es responsable de las desapariciones forzadas que cuentan con la participación de las autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado, según expertos de la ONU en derechos humanos.

Al igual que el año pasado, “México no nos ha ofrecido ninguna oportunidad para visitar el país”, indicó este jueves la presidenta del Comité contra la Desaparición Forzada, Suela Janina, durante un encuentro con los medios de comunicación tras presentar su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.

“Sumamos nuestra voz a las más de 37,000 familias de personas desaparecidas, que recorren el país en búsqueda de sus seres queridos, y han salido hoy a las calles en 18 estados de la República a exigir justicia. Pero sobre todo alzamos la voz por quienes no pueden estar porque desconocemos su paradero y nos hacen falta a todas y a todos."

Durante décadas, la sociedad mexicana ha vivido ante la amenaza de la desaparición forzada, un temor que se exalta cuando se dan casos como el de los 43 estudiantes de la escuela para maestros en Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014.

En el contexto actual, la desaparición de un ser querido trae a las familias un ambiente de incertidumbre, factor que provoca una serie de consecuencias dentro del entorno familiar y que también da pie a nuevas formas de conllevar esta pérdida, considera Flavio Meléndez Zermeño, investigador del Departamento de Clínicas de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

La ONU ha documentado la desaparición de 23 personas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, desde febrero de este año 2018. Varias de las víctimas apenas tenían 14 años. Según una organización local de derechos humanos, habrían sucedido al menos 40 desapariciones durante este período.

"La ley reconoce uno de los principales desafíos del Estado, aspira a romper los patrones existentes de impunidad y revictimización", declaró Jan Jarab, el Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un discurso en la residencia presidencial de Los Pinos.