Está por definirse la situación jurídica del exgobernador Mario Marín

Escrito por Anayeli García Martínez - Cimac

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CIMACFoto: César Martínez López

Este miércoles 10 de febrero, se dará a conocer la situación jurídica del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, detenido el pasado 3 de febrero por participar en la tortura de la periodista y defensora de los derechos de mujeres y niñas, Lydia Cacho Ribeiro, en 2005.

La organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, quien representa legalmente a la periodista desde hace 12 años, aseguró en un comunicado que existe suficiente evidencia para que Marín continúe el proceso en prisión preventiva; por lo que exhortó al Poder Judicial de la Federación a conducirse con imparcialidad y brindar las debidas garantías de seguridad a jueces y magistrados que revisarán el caso.

Asimismo, reiteró el llamado a la Fiscalía General de la República para actuar con diligencia en la localización y detención de los otros autores intelectuales de la tortura: Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien fuera secretario de Seguridad de Puebla y el empresario Kamel Nacif, quien se encuentra escondido en El Líbano.

A Marín se le acusa de participar en la organización de la tortura de Lydia Cacho. En diciembre de 2005 la periodista fue detenida debido a una denuncia por difamación en su contra presentada por Kamel Nacif.

De acuerdo con la defensora, el político priista y los empresarios se confabularon para atacarla después de que ella reveló que eran parte de una red de trata de personas, investigación que apareció en el libro “Los demonios del Edén”.

Hace 15 años, en su detención y traslado del estado de Quintana Roo al estado de Puebla, Cacho Ribeiro fue torturada con connotación sexual y de género por agentes del Estado mexicano.  Por ello, para Artículo 19 la detención de Marín representa un importante avance en la búsqueda de justicia, verdad y reparación del daño.

En la audiencia de declaración preparatoria de Marín en el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún, en Quintana Roo, que se realizó el pasado 4 de febrero, se reservó su derecho a declarar y solicitó se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para determinar su situación jurídica.

El exgobernador solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimiento en el riñón, peligro de contagio de COVID-19 al interior del CERESO y su edad avanzada. Sin embargo  dicha petición le fue denegada por el juez.

21/AGM/LGL

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