¿Para cuándo la Ley de Víctimas de BC?

El autor es Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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Baja California es uno de los dos estados morosos que no han armonizado su legislación con la Constitución federal, los tratados internacionales y la Ley General de Víctimas, para beneficiar a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos en su legítimo derecho a la reparación integral del daño, a la verdad y a la justicia. Para vergüenza.

El derecho a la reparación del daño a las víctimas está inscrito en el artículo 1º Constitucional, en el párrafo que dice: “… el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Y la ley que norma la “reparación” del daño es la Ley General de Víctimas, que mandata a los estados de la República a contar con una legislación en la materia, además de cumplir con su obligación de esclarecer los hechos victimizantes mediante la procuración y la impartición de justicia.

La reforma a la Ley General de Víctimas del 3 de enero de 2017, entrada en vigor el 10 de enero del mismo año, dispone en su artículo Transitorio Décimo que “Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas”. Para ello, deben reformar su Constitución y sus Códigos, y aprobar su propia Ley de Víctimas con presupuesto incluido para la operación de la Comisión de Víctimas y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral locales. Pero nada de eso ha sucedido en Baja California, donde llevamos un año con 4 meses sin cumplir con ese mandato legal.

Este vacío legislativo se agudiza por los problemas de salud de la Dip. Victoria Bentley, Presidenta de la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura de Baja California, comisión a la que corresponde dictaminar la Ley de Víctimas de BC para ser sometida a la aprobación del pleno, lo que ha retrasado considerablemente el proceso, asunto que el propio Congreso de BC debe resolver pronto.

La solución a este retraso debe ser resuelta provisionalmente por el Gobierno del Estado de Baja California. No hay para dónde hacerse: el artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley General de Víctimas establece como mandato legal que, “En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad”.

Desde el año pasado, el Gobierno de Baja California y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), establecieron las bases para suscribir un Convenio a fin de acceder a los recursos federales del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que administra la CEAV, en calidad de préstamo, en tanto se integre la Comisión de Victimas y el Fondo correspondientes a BC o ser reintegrado posteriormente con las participaciones federales. Pero tampoco esto ha sucedido.

Esta situación se ha alargado de manera innecesaria e injusta para las víctimas directas e indirectas (familiares en línea directa) de delitos y de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades locales, estatales y municipales de Baja California,, cuya Reparación Integral del Daño debe ir por cuenta de la instancia estatal que debió ya haber sido creada exprofeso.

Además, las cosas se han retrasado por las observaciones que han hecho “los grupos de familia” al proyecto del Ley Estatal de Víctimas para BC.

La asociación Unidos por Nuestros Desaparecidos en Baja California (UNDBC), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y académicos, presentaron hace dos años y medio al Congreso del Estado de Baja California una Iniciativa Ciudadana de Ley Estatal de Víctimas, que se sumó a dos iniciativas más presentadas en la pasada legislatura por el PRI y el PANAL y una más del Ejecutivo Estatal, concretándose en una sola iniciativa consensada hoy a raíz de diversas reuniones realizadas con la participación de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos de la actual legislatura, del Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de BC, colectivos de víctimas, ONG y especialistas.

De nada ha servido todo este intenso trabajo de cabildeo ante el impasse mostrado por la actual legislatura y el gobierno estatal que, indudablemente, ha repercutido en los derechos de las víctimas, traducidas en su revictimización.

¿Qué hacer ahora? No queda de otra más que recurrir a las instancias jurisdiccionales, al cabildeo y a la resistencia civil pacífica por las víctimas, para forzar al Congreso y al Gobierno de Baja California a resolver en definitiva este vital asunto.

 

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