La siniestra hermandad de la clase política

El autor es analista político y Co Fundador del PRD (Partido de la Revolución Democrática)

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Ciudad de México | Manuel Guerrero Ramos

Soy cofundador del PRD y deseo exponer que el apoyo que ofrece la presidenta nacional de mi partido, Alejandra Barrales, al jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera,  ante su destitución ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirma que la clase política funciona como una siniestra hermandad para protegerse entre sí, ante el peligro de que el bunker de impunidad que los cuida haya sido penetrado por  el derecho.
 
Quizá por desmedida soberbia o porque su equipo jurídico no le informó al delegado sobre el asunto en cuestión, es que se descuidó su defensa y, por ello fue removido.
 
Es importante mencionar que el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los artículos 193, 195 y 198 de la Ley de Amparo, dan excesivas facilidades a los funcionarios públicos para que, en casos como el que nos ocupa, no les sea aplicada la fracción I del artículo 267 del ordenamiento citado.
 
El artículo 267 estipula: “Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir(…)”.
 
Por tanto, esta pequeña isla de legalidad que la Suprema Corte generó en el océano de impunidad en que se encuentra México, da satisfacción a los miles de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que tienen una sentencia firme y que, sin embargo, la soberbia gubernamental no respeta.
 
La inusual sentencia se presta para que Organizaciones  como  Por una Fiscalía que Sirva, Ahora, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Fundar, Artículo 19, entre otras,  presenten iniciativas de ley  para que sea reformada la fracción XVI, así como los artículos 193, 195 y 198 de la Ley de Amparo, en cuanto a todas las facilidades que dan a la clase gubernamental para permanecer impune, soslayando el cumplimiento de sentencias que ya tienen calidad de cosa juzgada.
 
Asimismo es necesario que exista la debida legislación  para que de oficio la Corte atraiga los casos en cuales los jueces de distrito y tribunales colegiados de circuito, no puedan hacer cumplir sentencias firmes e inatacables. Con las propuestas de reformas es posible disminuir  en gran medida la impunidad gubernamental.

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