Una policía militarizada ¿para qué?

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  • Al Filo de la Navaja ¿Deveras es necesaria la militarización de las policías municipales?
Mexicali-BC Febrero 21 de 2011
-Raúl Ramírez Baena*-
A últimas fechas se han dado fuertes señales sobre la intención del gobierno estatal de Baja California y del ejército por controlar a la Policía Municipal de Mexicali. A saber:
1) Desoyendo múltiples denuncias por graves violaciones a los derechos humanos y una Recomendación de la PDH, el gobernador Osuna Millán designó en diciembre de 2010 al Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez como Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública[1];
2) Encabezado por Leyzaola Pérez, el 10 de febrero pasado se realizó un impresionante operativo “de prueba” en Mexicali con 300 agentes municipales, estatales y ministeriales (actuando estos fuera de su mandato legal) y 150 patrullas, “con el objeto de inhibir delitos que van en aumento…”[2], que arrojó a 146 detenidos, 90 de ellos por supuestas “faltas administrativas” y 40 por “delitos federales”, y
3) El Gral. Alfonso Duarte Mújica, comandante de la II Región Militar, declaró a medios que “… se ha detectado que (policías municipales de Mexicali) pasan información a la delincuencia organizada”; que “policías propuestos (en Mexicali) como jefes no han pasado los exámenes de confianza”[3] (que por cierto, éstos no son del todo certeros ni confiables).
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Como antecedente, el prestigiado académico y actual Director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Dr. Marco Antonio Carrillo Maza, decidió, con el apoyo del alcalde Francisco Pérez Tejada, designar a los altos mandos policíacos de entre elementos de la propia corporación, con base en convocatoria interna y consultas con especialistas, decisión que motivó el veto militar a la designación de los subdirectores operativos.
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A todas luces, esa decisión soberana del alcalde choca con la visión punitiva del ejército, cuyo objetivo visible es controlar a las policías municipales en el marco del inconstitucional Mando Único Policial estatal, para que los elementos municipales, ya con mandos militares bajo sus órdenes, persigan al narcomenudeo mediante operativos de arrase (asegurar a “todo lo que se mueva”), criminalizando a adictos y a jóvenes.
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En la sesión de febrero del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizada en el cuartel militar “El Aguaje de la Tuna” de Tijuana (mismo donde se documentó en 2009 el mayor número de denuncias por tortura en el país), donde se iban a discutir los nombramientos de los mandos policíacos, los alcaldes “plantaron” a las cúpulas militar y estatal, lo que provocó el enojo y regaño del Gral. Duarte, mandándoles decir mediante declaraciones de prensa, como si fuera su superior, que deberían ser más responsables[4].
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Los señalamientos sobre complicidad de policías con el narco tienen que sustentarse ante el Ministerio Público, aportando nombres y pruebas. Litigar en los medios no es el camino para combatir la corrupción que, desde luego, se da en la policía de Mexicali (como lo ha admitido el propio Alcalde y el Director de la policía municipal de Mexicali), así como en todas las policías del país y en las fuerzas armadas.
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En Baja California conocimos las graves acusaciones que lanzó el Gral. Sergio Aponte Polito en abril de 2008, entonces comandante de la II Región Militar como lo es hoy el Gral. Duarte Mújica. Como el asunto se ventiló sólo en los medios y no en las instancias jurisdiccionales, no pasó a mayores, a pesar de los graves señalamientos contra funcionarios estatales y municipales, involucrando por omisión al entonces Secretario General de Gobierno Francisco Blake Mora, hoy Secretario de Gobernación.
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¿Cómo no van a corromperse los policías y pasar información al narco, como dice el general, si se les fuerza a perseguir al narcomenudeo y a las “tienditas”, que son atribuciones del fuero federal, no local? Es sabido que las policías preventivas metidas a tareas de persecución de la delincuencia organizada, y aún las federales, se colocan en situación de protección voluntaria o forzada a los capos (“o plata o plomo”).
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Por ello, las facultades de las policías preventivas municipales y estatales son, como su nombre lo indica, las de prevenir, no perseguir los delitos y menos de delincuencia organizada[5]. Estrictamente, estas tampoco son tareas de las fuerzas armadas mientras no se declare el Estado de Excepción, cosa que no ha sucedido en el país.
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Es evidente que, para presionar al alcalde, que se resiste a la incorporación de mandos militares en la corporación, el ejército inició una campaña mediática en Mexicali, alimentando el estigma negativo que ya de por si tienen las policías, lo que no  ayuda ni conviene a las políticas y estrategias de seguridad. En ello debería reflexionar el general.
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Los empresarios, que cayeron en la trampa, sólo atinan a “exigir” la efectiva atención de las autoridades para “frenar la ola de robos” (que es una demanda justa) y a “manifestar su preocupación por las filtraciones de información a la delincuencia” [6], pero no se comprometen a nada y no se les ocurre (o no les conviene) pensar que ellos son parte del problema al pagar salarios de hambre a los trabajadores y contribuir con ello a la grave crisis y descomposición social, que es el origen de la inseguridad y el crimen.
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[1] Famoso por sus métodos de tortura, el Tte. Cor. Julián Leyzaola presentó de manera sorpresiva el 18 de febrero de 2011, su renuncia al cargo de Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, para incorporarse a la policía municipal de Cd. Juárez y aplicar ahí el “Modelo Tijuana de Seguridad”.
[2] “Coordina Leyzaola operativo policiaco”, La Crónica de Baja California, 11 de febrero de 2011, p. 23
[3] “Sirven en Policía (de Mexicali) a narco: General”, La Crónica de Baja California, 16 de febrero de 2011, pp.
[4] “Los Regañados”, Gilberto Lavenant, encuentro29.com, 11 de febrero de 2011: http://www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid=79720&mas=343&relacion=
[5] El ejército y la Policía Estatal Preventiva de BC han realizado en los últimos días importantes decomisos de mariguana en Mexicali y San Luis Río Colorado, Son, según los partes oficiales, perteneciente al Chapo Guzmán y al Cártel de los Arellano.
[6] “Exige IP castigar a policías traidores”, La Crónica de Baja California, 17 de febrero de 2011, pp.
Militarización
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