De convenciones y conveniencias

El autor es presidente de la asociación Generación PRIISMA que atiende y capacita a personas con discapacidad

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Tijuana-BC { José Manuel García Arreola * – Generación PRIISMA

“Seremos conscientes únicamente cuando entendamos que el respeto a la diversidad y al derecho del prójimo no es asunto de tinta y papel, sino de entendimiento” José Manuel García Arreola-

A propósito del octavo aniversario de la entrada en vigor en nuestro país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre el poco o nulo cumplimiento de las disposiciones en ella enumeradas por parte de nuestro estado y país. Es que en esta ocasión quiero hacer algunas reflexiones al respecto.

El día 3 de mayo del año 2008, este tratado donde están enumerados los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad y que obliga a los estados firmantes a fomentar, proteger y garantizar la igualdad plena y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad, entró en vigor en nuestro país. Cabe aclarar que la Convención antes citada tiene rango constitucional en nuestro país y desde el momento de ser firmada es de carácter obligatorio.

¿Y qué pasa en nuestro estado y país con el cumplimiento de esta convención? La respuesta es muy fácil, ¡nada! De hecho, pareciera como si nuestros gobernantes creyeran que las leyes que les otorgan obligaciones debieran empezar a cumplirse al llegar a la mayoría de edad, o sea, al llegar a los 18 años de edad. ¿Y qué pasa con las Personas con Discapacidad con respecto al cumplimiento de este tratado? La realidad es que pasa poco, desde mi opinión no hemos sabido exigir el cumplimiento pleno de la Convención. Vivimos en un país donde es muy fácil justificar todo lo incorrecto.

Hace unos días leí una nota muy interesante que me llevo a la reflexión, esta nota era de la CEDHBC donde exhortaba al gobierno del estado a instalar el Sistema Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, esto en cumplimiento del Art.7 bis de la Ley Estatal para las Personas con Discapacidad, el Art.33 de la convención y el capítulo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. También exhortaba a instalar los mecanismos de aplicación, vigilancia y supervisión de la ya referida Convención.

La Ley Estatal cuenta con todo un articulado que nos habla tanto del Consejo como de nuestros derechos y las obligaciones del ejecutivo del estado, así como de las dependencias que conforman nuestro gobierno estatal.

¿Quiénes conforman el Sistema Estatal? Las dependencias y entidades del gobierno estatal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las Personas con Discapacidad. Ya todos estamos y el sector social no ha necesitado de ninguna formalidad al respecto para seguir trabajando en pro de las Personas con Discapacidad.

¿Por qué la parte gubernamental si requiere de esta formalidad? Por justificación, definitivamente, ya que las obligaciones de cada una de las secretarias no dependen de ello. Entonces ¿Deben instalar el Sistema Estatal? ¡Claro que deben hacerlo! está en la ley y deben cumplir, pero eso no los exime de cumplir los demás artículos. Eso solo es una justificación y una disculpa no solicitada.

En cuanto a los mecanismos que se le exhorta a cumplir a nuestro gobierno estatal, también deben instalarse y esto ha sido solicitado ya por miembros de la sociedad civil meses atrás. Cabe aclarar que estos mecanismos ya existen de manera natural, solo falta digamos hacerlo oficial. En todo gobierno existe de manera natural quien aplique las leyes, quien vigile y supervise, así como quien los coordine a todos. ¡Así que señores no hay pretexto! deben hacer lo que juraron al tomar posesión, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes locales que de ella emanen. Hagamos las justificaciones a un lado.

Al respecto debo decir que me parece una forma de justificación del porque no se cumple la Convención y nuestra Ley Estatal, es como si dijéramos que no se pueden cumplir 50 artículos de una Convención mientras no se cumpla con estos dos preceptos. Debo decir con toda franqueza y conocimiento de causa que no se cumple con absolutamente ningún artículo de la referida Convención ni de nuestra Ley Estatal y me parece que nuestras instituciones de Derechos Humanos lo que deberían hacer es exhortar que se cumpla con la totalidad del articulado de la convención y de la Ley Estatal, así como de los reglamentos locales y dejar de justificar el incumplimiento gubernamental. ¿No lo harán porque aún en la autonomía los designa y les da presupuesto el mismo gobierno? En fin, me parece que al no solicitar el cumplimiento total es una forma de justificación oficiosa, vaya, una defensa no pedida o un curarse en salud.

A ocho años de la entrada en vigor de la Convención en nuestro país, esta sigue siendo un hermoso documento, sigue siendo un papel que llora lágrimas de tinta amarga ante el desconocimiento, incumplimiento y falta de exigencia de todos en general. Letras muertas que no terminan por empezar a respirar aun cuando han cumplido sus ocho años. La convención no vivirá realmente mientras sigamos justificando.  Las leyes y tratados se hicieron para cumplirse, ante eso no hay justificación. Somos más de mil millones de Personas con Discapacidad en el mundo y me parece increíble que no podamos exigir el cumplimiento pleno de nuestros derechos. Hicimos una convención justificando que nuestros derechos no estaban garantizados ni protegidos ¿Tan solo para después justificar su no cumplimiento?

Aunque nuestros derechos ya estaban garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución, los volvimos a garantizar creyendo que entre más veces estén escritos más fácil se cumplirían y en este momento solo nos queda exigir su pleno cumplimiento sin pretexto alguno. Su cumplimiento nos corresponde a todos, todos somos corresponsables de ello y para nuestros gobiernos es una obligación, por ello les pagamos. Preguntémonos, ¿Qué pasa con un ciudadano común cuando no cumple o viola las leyes? La respuesta es muy obvia, en él recae todo el peso de la ley, entonces ¿Por qué en ellos no?

A ocho años de su entrada en vigor en nuestro país, no hay mucho que celebrar, solo recordar que sigue ahí quieta y dormida esperando por nosotros, esperando el despertar de las Personas con Discapacidad para que exijan su cumplimiento. Tanto para el Estado Mexicano como para el Estado de Baja California el hecho de la justificación y defesa oficiosa de parte de los organismos públicos autónomos, así como la no exigencia de su cumplimiento por parte de la Personas con Discapacidad sigue siendo un asunto de conveniencia.

*El autor es presidente de la asociación Generación PRIISMA que atiende y capacita a personas con discapacidad

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