Pandemia, oportunidad para que gobiernos terminen con prostitución

Es una oportunidad para los gobiernos para perseguir sin tregua a los proxenetas y los prostituyentes

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La pandemia del COVID-19 agravó la vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, a quienes ahora se les obliga a desinfectarse con cloro, o acudir a los domicilios o en hoteles que son propiedad de líderes de la trata de personas.

En este contexto, durante la Segunda Marcha Abolicionista Europea, que se realizó de forma virtual el 9 de mayo, mujeres que se declaran a favor de la abolición de la prostitución, hicieron un llamado a los gobiernos para ofrecer condiciones de vida digna a las mujeres y niñas.

En una jornada para protestar por la violencia contra las mujeres ejercida mediante la prostitución, el fomento de los vientres de alquiler y la pornografía, defensoras originarias de países europeos y de México publicaron mensajes en redes sociales para exigir que se erradique esta práctica de esclavitud.

La primera movilización similar se realizó el 11 de mayo de 2019, con sede en Barcelona, donde las manifestantes recorrieron una zona donde las mujeres son prostituidas. Desde entonces la intención es visibilizar la violencia cada segundo sábado del mes de mayo. En esta ocasión, para respetar las medidas de distanciamiento social, la movilización fue virtual.

En México la red Abolicionistas MX y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés, junto con otros colectivos feministas, publicaron un pronunciamiento en el que denunciaron que tras la pandemia de COVID-19 tratantes originarios del estado de Tlaxcala que radican en Estados Unidos retornaron al país para seguir operando redes de trata de personas.

De acuerdo con las defensoras, estos hombres operaban en la ciudad de Nueva York, utilizaban una red de taxis por medio de la cual los “clientes” o prostituyentes llamaban para pedir “servicios” y la red se encargaba de llevarles mujeres hasta sus domicilios.

Estos tratantes, expusieron, han regresado a México trayendo a las mujeres que explotaban en Nueva York y han empezado a operar de la misma manera en Puebla y Tlaxcala, donde las víctimas corren el riesgo de morir de COVID-19 o de VIH/Sida; mientras que otros grupos de proxenetas han empezado a operar en hoteles de su propiedad.

Otro ejemplo, agregaron las defensoras de los derechos de las mujeres, es lo que sucede en las agencias de acompañantes que están dirigidas a atender a hombres con mayor poder económico. Ahora las acompañantes son explotadas dando espectáculos eróticos por internet y a quienes siguen atendiendo personalmente se les obliga a bañarse con cloro y hacer gárgaras con productos desinfectantes.

Las defensoras también llamaron la atención sobre las medidas de gobiernos locales y municipales que decidieron cerrar los hoteles, lo que provocó que sobre todo, las víctimas de trata se quedaran sin techo porque vivían ahí, como señalaron algunos colectivos en la Ciudad de México. Algunos hoteles rectificaron y les permitieron permanecer en el lugar, pero no se ha verificado si sólo utilizan los hoteles como vivienda para resguardarse durante el confinamiento.

El cierre y reapertura de hoteles representaba una oportunidad que las autoridades desdeñaron, pues se pudo haber investigado las condiciones en que las mujeres se encuentran en la prostitución, si tienen o no proxenetas, sus necesidades para salir de la prostitución, si tienen hijas e hijos, dónde están, quién los tiene.

En lugar de eso, criticaron las abolicionistas mexicanas, se les proporcionó una ayuda económica mínima que de ninguna manera representa una política pública que ofrezca opciones de salida digna para las mujeres.

En esta situación, urgieron al Congreso federal y a los estatales a crear una ley laboral que les garantice a las mujeres oportunidades de trabajo decente, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o bien una renta básica universal, además de una ley que les garantice a toda la ciudadanía los derechos sociales, económicos y culturales.

Al final de su pronunciamiento señalaron que la raíz del problema está en cómo socialmente se ha naturalizado la prostitución, la mercantilización y la explotación sexual del cuerpo de las mujeres, así como la escasa importancia que se le reconoce a las violencias que se ejercen contra ellas por parte de las y los servidores públicos del gobierno federal y los gobiernos locales.

La prostitución no es ni sexo ni trabajo y representa un constante peligro para las mujeres que son explotadas en esta actividad ilícita. “Lo que vislumbramos para el futuro es una profunda recesión económica mundial que va a aumentar la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas para ser captadas por los tratantes”, alertaron.

Para las defensoras esta crisis sanitaria es una oportunidad para los gobiernos para perseguir sin tregua a los proxenetas y los prostituyentes que están determinados a explotar a las mujeres más vulnerables a pesar de los riesgos sanitarios masivos, para ellas y para la sociedad en general. “En este clima de riesgo, las mujeres en situación de prostitución, sin la presión de proxenetas, son las más desesperadas por su precariedad económica y social”, destacaron.

20/AGM/LGL

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