Los abortos inseguros en Honduras podrían ser de entre 51,000 y 82,000 por año

“Muchos embarazos forzados y precoces son el resultado de delitos de violación sexual e incesto"

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OPS / OMS Sala de espera del hospital materno-infantil San Felipe, en Tegucigalpa, Honduras.

El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año, y el país tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales, un 30%. Expertas en derechos humanos denuncian que muchos embarazos son producto de violación e incesto en una nación en la que se niega hasta los anticonceptivos de emergencia. Una nueva enmienda en la constitución incorporaría la prohibición absoluta del aborto, un ataque contra los derechos fundamentales de la mujer.

Expertas en derechos humanos de la ONU condenaron el martes 19 de enero un proyecto de ley que básicamente bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras, un país donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años.

La enmienda constitucional presentada por un diputado del Partido Nacional y vicepresidente del Congreso de Honduras el 11 de enero incorporaría la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 de la Constitución nacional.

“Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, expresaron las expertas en un comunicado.

Honduras es uno de los pocos Estados en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro así como en casos de malformación grave del feto.

“La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, dijeron las expertas. Estas denuncias de los profesionales de la salud también pueden disuadir a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas, de buscar la atención médica necesaria, poniendo así su vida en peligro.

“Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, añadieron las relatoras especiales y miembros de grupos de trabajo, diciendo que la influencia de los grupos religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial.

La segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina

La ley vigente también prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto.

“La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes”, dijeron. Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales la tasa de esos embarazos alcanza el 30%.

Muchos embarazos forzados y precoces son el resultado de delitos de violación sexual e incesto“, dijeron las expertas. También citaron las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres tienen derecho a interrumpir sus embarazos -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen la tasa más baja de interrupciones del embarazo.

“Las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos en condiciones de riesgo y no son eficaces para reducir la tasa de abortos”, dijeron las expertas. El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año, dijeron.

De acuerdo con los estándares internacionales, el acceso a los servicios de aborto seguro y legal debería asegurarse, al menos, en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave.

Las conclusiones y recomendaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras figuran en el informe de la visita al país del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.


* Las expertas: Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; miembras del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias;

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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