Ecuador debe liberar a las mujeres acusadas de aborto

La relatora especial también exhortó a Ecuador a liberar a unas 250 mujeres que presuntamente se encuentran detenidas debido a acusaciones de aborto.

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UNICEF/Giuseppe Imperato Los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de aborto.

Siete de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia psicológica o física y se han reportado 642 feminicidios en Ecuador desde 2014. Después de una visita al país, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer exhortó a eliminar las barreras que perpetúan los desafíos de género que enfrentan las ecuatorianas, como los recortes presupuestarios y la criminalización del aborto.

Hay una serie de obstáculos para que la Ley Orgánica sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador sea plenamente operativa, concluyó una experta de la ONU en derechos humanos después de una misión al país.

Dubravka Simonovic aseguró que a pesar de que la adopción de la legislación que busca prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres representa un avance significativo en el país, los recortes presupuestarios propuestos, la criminalización del aborto y la falta de coordinación entre los organismos de ejecución pertinentes impiden su plena implementación.

“Si el gobierno da prioridad a la implementación de la nueva ley, y al desarrollo de un Plan Nacional de Acción para erradicar la violencia contra todas las mujeres; y asigna el presupuesto necesario, estoy convencida de que Ecuador podría hacer avances significativos en el futuro cercano para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas del país”, expresó en un comunicado.

La relatora especial dijo que se trata de una cuestión de extrema importancia para la nación. Siete de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia psicológica o física y se han reportado 642 feminicidios desde 2014.

Una definición del aborto que debe cambiarse

Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, a menudo como resultado de violación o incesto, así como de un sistema de justicia penal que prohíbe el aborto terapéutico con interpretaciones excesivamente restrictivas del derecho a la vida y las exenciones de salud.

“El alto nivel de violencia sexual y violaciones, incluso contra niñas y adolescentes en las escuelas y entornos educativos, pero también en el hogar es de particular preocupación. La definición de violación en el código penal debe cambiarse y estar basada en la ausencia de consentimiento y no en el uso de la fuerza, ya que este requisito impide que los perpetradores sean llevados ante la justicia, mientras que la prescriptibilidad para denunciar una violación debe enmendarse para permitir el inicio eficiente de los procesos penales una vez que la víctima haya cumplido la mayoría de edad”, aseguró la experta.

La relatora especial también exhortó a Ecuador a liberar a unas 250 mujeres que presuntamente se encuentran detenidas debido a acusaciones de aborto.  “Esto es contrario a los estándares internacionales y debe abordarse con urgencia.”

Más participación de las mujeres

Šimonović reconoció que, pese a los desafíos, se han logrado avances en la esfera política con una mayor participación de las mujeres en el parlamento, y mediante una nueva ley sobre paridad democrática.

“Se han conseguido avances en los ámbitos político y legislativo gracias a un mayor número de mujeres en la Asamblea legislativa y gracias a la adopción algunas nuevas leyes alentadoras. Espero que podamos ver que las leyes de Ecuador lleguen a ser plenamente implementadas y armonizadas, por ejemplo, para asegurar que las mujeres pueden acceder a lugares de acogida y medidas de protección cuando las necesiten, al igual que acelerar la adopción del nuevo Código de Salud”, dijo.

Durante su misión de once días, Dubravka Šimonović se reunió con el vicepresidente del país, funcionarios gubernamentales de alto rango, el presidente de la Asamblea Nacional y representantes de sus comisiones parlamentarias, la Corte Constitucional, organizaciones internacionales, agencias de desarrollo y con varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base. También se reunió con el gobernador del Azuay y con actores relevantes en las ciudades de Cuenca, Huaquillas, Machala y Tulcán.

La relatora presentará el informe completo sobre su visita ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020.

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.