Pide HRW a Biden no reactivar el protocolo «Quédate en México»

Llama HRW a no reactivar Protocolo “Quédate en México”

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CIMACFoto: César Martínez López

La organización defensora de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) llamó al presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden, a realizar las acciones necesarias para que el protocolo “Quédate en México” no sea reactivado, ya que causó daño extremo a más de 72 millones de personas, entre ellas mujeres y niñas, que fueron víctimas de secuestros, violaciones, golpes y otras agresiones por parte de agentes de migración y grupos criminales.

Cabe recordar que el protocolo “Quédate en México”, mejor conocido como Protocolo de Protección de Migrantes, obligaba a las y los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en ciudades fronterizas mexicanas mientras se resolvían sus casos. En esos lugares, las personas vivían en condiciones precarias, y las mujeres y niñas eran entregadas por agentes migratorios a grupos criminales con fin de trata de personas, de acuerdo con información del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

En un comunicado, la organización HRW recalcó que tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre apoyar la activación del protocolo “Quédate en México” es indispensable que la administración de Biden desarrolle las medidas legales necesarias para “terminar con esta política fronteriza abusiva”, que fue impuesta de enero de 2019 a enero de 2021 por el gobierno de Donald Trump.

El pasado 24 de agosto, explicó la organización, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la administración de Biden había suspendido el programa de “manera indebida” en el marco de la Ley de Procedimientos Administrativos, pues no consideró el impacto que su decisión tendría en los estados de Texas y Missouri, por lo que ratificó un pronunciamiento de un tribunal inferior y ordenó que el protocolo fuera reiniciado, pero no fue así.

La organización resaltó que la activación del protocolo “Quédate en México” es un grave error, ya que durante su implementación más de 71 mil migrantes que solicitaban asilo, la mayoría de ellas mujeres y niñas, fueron retornadas a ciudades peligrosas en la frontera mexicana para esperar que tribunales migratorios procesaran sus casos y se registraron más de 900 mil agresiones contra personas migrantes.

De acuerdo con datos del Imumi, 26 mil 392 mujeres y 20 mil 741 menores de edad fueron retornados a las fronteras mexicanas hasta el 31 de diciembre de 2019. Acciones que fueron contrarias a lo estipulado en el protocolo respecto a que la población migrante en situación de vulnerabilidad y menores de edad no debían ser retornados a México.

La organización detalló que el Protocolo agudizó las irregularidades que ya existían en el sistema de los tribunales migratorios estadounidense como la falta de acceso a asesoramiento, obstáculos para obtener representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas. La administración de Biden revirtió el Protocolo en enero de 2021 y permitió que poco más de 13 mil personas ingresaran a Estados Unidos para continuar sus procesos migratorios.

Este programa implementado por Biden, resaltó HRW, ha sido demasiado lento y fue obstaculizado por el pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos, en suma, no se han contabilizado las miles de solicitudes de asilo que Trump envío a México en el marco del programa y que por “motivos desconocidos” no se registraron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Tras el fallo de la Corte Suprema, reiteró la organización, las y los solicitantes de asilo ya no podrán inscribirse en el registro en línea de ACNUR, por lo que Biden deberá evaluar de forma individual permisos humanitarios como la única posibilidad de que las personas previamente sujetas al protocolo “Quédate en México” ingresen a Estados Unidos a esperar sus procesos migratorios.

“Reactivar el programa Quédate en México sería un fiasco de Derechos Humanos que malograría los pocos avances que ha logrado el presidente Biden en la frontera. El gobierno de Biden debería utilizar la autoridad con la que ya cuenta para terminar con la política con la mayor rapidez y revertir otras políticas anti-asilo del período de Trump”, declaró la investigadora sobre la frontera de Estados Unidos en Human Rights Watch, Ariana Sawyer.

La organización señaló que algunas de las y los solicitantes, entre ellas familias, se encontraban en la fase 2, es decir personas que fueron expulsadas por no asistir a sus audiencias porque habían sido secuestradas en México o porque no deseaban exponerse al riesgo que implicaba viajar, sin embargo con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos fue suspendida.

Recordó que a pesar de que México se comprometió a aceptar a las y los solicitantes de asilo, ocuparse de su seguridad y garantizar una buena vida, esto no fue así. El gobierno mexicano, dijo, dejó a miles de personas varadas en su país sin posibilidades de mantenerse económicamente ni acceder a servicios básicos, y sin opciones de recurso cuando sufrían abusos a manos de cárteles delictivos o autoridades mexicanas.

Enfatizó que son falsas las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien negó que en el marco del Protocolo “Quédate en México” ocurrieron abusos contra las personas migrantes, y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió dos declaraciones ambiguas y aseguró que no se van van a posicionar respecto al fallo de la Corte de Estados Unidos.

“El presidente López Obrador  ha sido un partícipe entusiasta del protocolo, y depende de la colaboración plena del gobierno mexicano. Su intento ahora de sostener que el asunto no tiene que ver con él es una burla absurda. Debería de reconocer de inmediato la realidad abusiva del Protocolo, rechazarlo en términos inequívocos y decir claramente que el gobierno mexicano no seguirá cooperando”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Actualmente la Corte Suprema de Estados Unidos está revisando la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, en este proceso la administración de Biden puede desempeñar otras acciones para evitar la reactivación, por lo que aún es incierto si el protocolo entrará o no en activación.

21/AEG/LGL

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