A casi tres décadas de que durante el sexenio del expresidente emanado del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, se privatizaran los ferrocarriles nacionales, todavía hay miles de trabajadores jubilados de ese sector que no han podido cobrar de manera total sus pensiones.
Es así que ante este escenario y por muchos años, los ferrocarrileros que vivieron aquel momento, buscan se les haga justicia en cuanto a los pagos, pues hay denuncias por parte de un número creciente de ellos que son víctimas de la corrupción e impunidad de jueces y abogados, hasta del sindicato de la Sección 31.
María Elena Antillón, abogada defensora de un grupo de exempleados de Ferronales, la empresa paraestatal que se dividió entre consorcios inversionistas, explicó que existe un fraude de 400 millones de pesos, algo que conecta a la Junta Federal número 23 con sede en Hermosillo y la número 26 en Chihuahua, así como a varios conocedores del Derecho encargados de la gestión para la entrega de recursos a las personas jubiladas.
“Los abogados se llevan los cheques, abren una cuenta de banco y les hablan a los ferrocarrileros, luego les entregan una cantidad miserable, les quitan un 70%, cuando nosotros como abogados solo podemos cobrar hasta el 30% y estamos hablando de demandas colectivas de muchos millones de pesos”, expresó la litigante.
Mencionó que cuenta con el apoyo del Frente Sindical de Restructuración del Sindicato de Ferrocarrileros, cuya lucha se centra en la democratización de los sindicatos de ese rubro y así acabar con la continuidad del cacicazgo que ha perdurado por más de 30 años
“Han atropellado sus derechos, intentan callar su voz y quitar el voto sindical de los ferrocarrileros, por tanto queremos protegerlos y que salga toda la corruptela”, señaló Antillón.
Si bien la lucha continúa, sostiene que ella ha sido amenazada y desestimada por parte de quienes se oponen a su representación legal a favor de los ferrocarrileros jubilados, pero no es algo que la vaya amedrentar, ni detener, pues ahora como parte de su cruzada, subrayó que avanzará en su misión, recorrer diversas partes del país para fortalecer la denuncia colectiva contra las abusos de poder.
“Me han amenazado, pero voy a seguir alzando la voz por todos ellos hasta que reciban la justicia como corresponde”, puntualizó la defensora legal.
