La aplicación de las llamadas terapias de conversión enfocadas a un supuesto intento de cambio por la vía clínica en la orientación y hasta identidad sexual de las personas del sector poblacional LGBTI+, es considerada ya como delito en Ciudad de México, esto luego de que por mayoría los diputados capitalinos votaron a favor de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 206 Bis de su Código Penal.
Esta acción iniciada por legislador del partido MORENA, Temístocles Villanueva Ramos en 2018, fue revisada desde entonces hasta que el pasado 24 de julio desde las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, se decidió el futuro de este ajuste con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones.
En cuanto a la penalidad, el inicialista proponía una sanción de uno hasta tres años de prisión, así como de cien a trescientos días de multa, no obstante, en el documento final se estableció que el mínimo de cárcel contra aquellas mujeres u hombres que apliquen, obligue o implementen estas terapias, será de dos a cinco años y de cincuenta a cien horas de trabajo en favor de la comunidad.
Además se determinó que si la terapia de conversión se hiciere en una o un menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio.
Una de las principales modificaciones en torno a esto, fue la definición oficial que se les da las terapias de conversión, por tanto serán entendidas ya como aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana.
