«Que pague Bonilla el adeudo a la CFE», exigen diputados del PRD

Piden también que el Gobierno Estatal entregue las participaciones federales retenidas a Ayuntamientos

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Diputados Federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron al Congreso de la Unión exigir al Gobierno del Estado de Baja California y a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar el servicio de suministro de energía eléctrica y agua para la población de la zona costa de la entidad.

A la vez, los Legisladores plantearon una representación de las Comisiones de Hacienda y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), garanticen la entrega de las participaciones federales aprobadas por esta soberanía a los Ayuntamientos de Baja California y en caso de no hacerlo se finquen las responsabilidades correspondientes, a quienes cometieron tal abuso.

En representación de sus compañeros del PRD, la Diputada por Baja California Estefanía Rodríguez Sarabia, recordó que el viernes pasado, los habitantes de Baja California, fuimos informados mediante oficio público por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que la Comisión Estatal de Agua de Mexicali, del Gobierno de Baja California, tiene un adeudo de más de 163 millones, correspondientes al consumo de energía eléctrica del primero de agosto a la fecha.

“Debido a ello la CFE se ha visto obligada a suspender el suministro de energía eléctrica al acueducto que traslada el agua del Rio Colorado a los habitantes de la Zona Costa de Baja California, lo cual de no resolverse dicha situación pone en riesgo de que en las próximas semanas, los residentes de los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, y Ensenada, puedan sufrir un serio desabasto de agua, lo que significaría un problema de salud pública, así como para las actividades, económicas, sociales y productivas de esta importante región fronteriza del país”, dijo.

Destacó que, durante los dos últimos años el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla, estableció una política de cobro del agua a deudores, mediante un convenio con un despacho privado de nombre FISAMEX, en donde a este se le asignó el pago de un 20% del cobro total a los deudores morosos.

Los cobros realizados por dicha empresa ascienden a mil 800 millones de pesos, de los cuales el despacho privado, en la época de la austeridad republicana se ha embolsado la cantidad de 360 millones de pesos por concepto de asesoría y servicios, señaló.

Afirmó que esta situación fue desproporcional y de desventaja, en donde a los usuarios de Baja California, el Gobierno del Estado les negó el derecho de audiencia o el establecimiento de una mesa de dialogo, para hacer las aclaraciones correspondientes.

“Hoy, el Ejecutivo del Estado de Baja California, se defiende ante el argumento inoportuno que lo que pretende cobrarle la CFE es un abuso y que por eso no lo ha pagado, olvidando que su actitud para con los usuarios del servicio de agua en el Estado, fue abusivo y arbitrario”, expresó.

Cuestionó que se le paguen 360 millones a un despacho particular y no paga 163 millones a la CFE, para garantizar el suministro de agua a los más de 5 millones de habitantes de la Zona Costa de Baja California.

En el punto de acuerdo presentado durante la sesión de la Cámara de Diputados, la Legislador bajacaliforniana también denunció que, en paralelo a esta información, se supo que el Gobierno del Estado a menos de un mes de terminar su mandato, ha retenido en forma ilegal participaciones federales destinadas al Municipio de Tijuana, por un monto del orden de más de mil 300 millones de pesos en estos dos últimos años.

”Esto, ante el silencio, el disimulo o la complicidad de quienes tienen la responsabilidad de realizar las acciones jurídicas, políticas y sociales, para impedir que este atraco se consume”, acotó.