Senado solicita información sobre violencia política de género

E investigar misoginia de magistrado

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Ciudad de México | Cimac


Ante la falta de estadísticas sobre violencia política de género, el Senado solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) un informe sobre esta violencia en todo el país.

Este martes, el pleno del Senado de la República aprobó dos dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, uno para solicitar un informe sobre esta violencia, y otro para investigar al presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Juan Manuel Sánchez Macías, por los comentarios misóginos que hizo el año pasado.

El dictamen aprobado indica que, de acuerdo con medios de comunicación, la FEPADE ha señalado que en las elecciones del pasado 5 de junio de 2016 se documentaron  429 asuntos relacionados con delitos electorales en 14 estados del país; se iniciaron 357 números de atención, 53 carpetas de investigación y 19 actas circunstanciadas.

Según esta información Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala encabezaron la lista de entidades en donde las candidatas, las presidentas municipales y regidoras fueron amenazadas para que dejaran su cargo.

Al debatir estas iniciativas, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa, expuso que las políticas para erradicar la violencia política no están funcionando porque sólo las mujeres trabajan por las mujeres, así que propuso que las Comisiones legislativas se integren por 50 por ciento de mujeres y varones y que ellos también acudan a los talleres de violencia de género.

“No está funcionando esta estrategia pública de género en el que sólo las mujeres luchamos por las mujeres, porque ya siendo paridad siguen estando ellos en la foto, ellos en las negociaciones, ellos en las candidaturas ganadores, ellos en las presidencias de las comisiones fundamentales”, dijo.

La también ex candidata a gobernadora de Michoacán reclamó que cuando ellas compiten por un puesto sus compañeros las dejan solas.

“En nuestras campañas nuestra gente bajó los brazos, cerraron la llave, no nos acompañaron, nos pusieron a disposición y lo hicieron nuestros compañeros que están en las cúpulas de las tomas de decisiones, los que salen en la foto, y esa violencia no se ve, no se ve en nosotros, pero existe, no se ve en el trabajo cotidiano de la toma de decisiones de los que al final salen en la foto”.

La senadora dijo que los hombres son políticamente correctos pero en la realidad violan la paridad, por lo que invitó a sus homólogos legisladores a presentar una iniciativa de reforma que busque evitar que las mujeres sean violentadas.

Por su parte la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y originaria de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que la violencia de género provoca que mujeres con trayectoria desistan de sus actividades políticas, lo que vulnera su derecho a participar en la vida pública de su comunidad.

En tanto que la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Itzel Ríos de la Mora, comentó que uno de los grandes pendientes que tiene la sociedad mexicana es prevenir la violencia política que afecta a las militantes en los partidos políticos y aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular.

LA MISOGINIA DEL MAGISTRADO
 
En otro dictamen se exhortó al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del TEPJF a iniciar una investigación para determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas que el 7 de noviembre de 2016 hizo el magistrado Manuel Sánchez Macías son faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los derechos de las mujeres y, en su caso, ameritan sanción.

El año pasado al participar en un foro sobre paridad de género en Tabasco, el magistrado Sánchez Macías expresó: “Yo lo que quiero es que lleguen porque realmente tienen capacidad como todas las aquí presentes, intelectual, porque tienen trabajo, porque saben hacer sentencia, saben tomar decisiones y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas”.

Las legisladoras señalaron que, de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado el año pasado por organismos electorales, esta violencia comprende todas las acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

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