La gran apuesta por la Guardia Nacional

El autor, Raúl Ramírez Baena es Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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En agosto del año pasado, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los anteriores titulares de la Sedena y la Semar y, por alguna razón, su posición respecto al retiro de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, que venía proponiendo durante su campaña (“abrazos, no balazos”), dio un giro de 180 grados.

El 25 de noviembre de 2018, siendo ya presidente electo, en su primer discurso público en el Campo Marte ante el Ejército y la Marina, junto con los entonces titulares de esas dos dependencias, AMLO llamó a la unidad, defendió su plan sobre crear una Guardia Nacional (GN) y dijo que la nueva instancia que propone crear podría “dar paz y tranquilidad” a México ante la ola de crímenes que asolan al país.

Siete meses después, el pasado 30 de junio, en el mismo Campo Marte (Marte, el Dios de la Guerra en la mitología romana), ante los titulares de la Sedena y la Semar, AMLO dio el banderazo de inicio y despliegue de la GN en 150 regiones del país, que van a cubrir una primera etapa con 70 mil elementos; que va a ir creciendo hasta cubrir 266 regiones con 150 mil elementos provenientes de la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y nuevos elementos reclutados por el Ejército.

La GN se perfila como la mayor fuerza de seguridad lanzada a las calles en la historia del país, cuyo reto en prevenir la inseguridad y perseguir el crimen, dispuesto a combatir los homicidios violentos que han roto todos los récords al registrarse de enero a marzo 8,493 homicidios dolosos en todo México, un aumento de 9.60% respecto al mismo periodo de 2018.

Además, se contabilizan ya casi 40 mil personas desaparecidas por autoridades o particulares, feminicidios al alza, robos, violaciones a los derechos humanos y un sinfín de calamidades derivadas de la Guerra al Narco que comenzó Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto, heredadas por la actual administración federal que, a siete meses de haber tomado el gobierno, agota el plazo para seguir endosándole a las pasadas administraciones estas tragedias, creciendo la demanda de las víctimas y de la opinión pública nacional e internacional.

Así pues, en lugar de fortalecer y reforzar a las policías locales, la alternativa es… una Guardia Nacional militarizada.

A pesar de la sólida argumentación jurídica y alternativas de académicos, expertos, activistas, organismos civiles de derechos humanos y de prácticamente todos los órganos de tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, ganando un Parlamento Abierto en el Congreso para que el Constituyente Permanente elevara a rango constitucional el carácter civil de la GN, el Presidente López Obrador se salió con la suya al ceder la batuta a las Fuerzas Armadas, contrario a la letra y espíritu de la legislación recién aprobada.

Sin embargo, a nadie conviene que fracase la GN, pero su carácter militar tiene serias implicaciones que podrían afectar su desempeño en la difícil tarea que se les encomienda:

1.- La experiencia empírica demuestra que el personal castrense no está preparado para las tareas de seguridad pública, no distinguen el carácter “preventivo” del delito porque su formación, espíritu y objetivos van en otro sentido. Los militares se reclutan para las armas, para abatir a un enemigo, y los presuntos infractores de la ley no lo son, de ahí las graves violaciones a los derechos humanos que cometen los primeros.

2.- Es evidente que las fuerzas militares o civiles que envían de diferentes regiones desconocen el terreno que pisan, la dinámica criminal, las pandillas que controlan la plaza y que se disputan los negocios del narcomenudeo y otras actividades ilícitas como secuestros, extorsiones, tráfico de personas y cobros de “derecho de piso”, que generan la desaparición de personas y los ajustes de cuentas que derivan en crueles homicidios. Muchos de los factores desencadenantes tienen profundas raíces locales, las cuales no conocen ni identifican los militares y civiles que van y vienen de una ciudad a otra.

3.- Los militares suelen menospreciar a las policías locales a quienes regularmente someten a su arbitrio, generando en éstas gran inconformidad y escasa colaboración.

4.- Si agregamos la tarea de agentes migratorios que endilgaron a la GN para perseguir y deportar a migrantes/desplazados/refugiados, que en sí mismo implica violaciones a sus derechos por ser esas acciones contrarias a las normas locales e internacionales, el cuadro se completa.

5.- Las estrategias de seguridad pública se debe diseñar desde la base social y comunitaria, con participación ciudadana, no desde los órganos centrales del Estado y menos los militares porque ello trastoca el Federalismo. En el marco de la Seguridad Ciudadana, la ONU y la OEA proponen que la Seguridad Pública sea una atribución de la célula de gobierno más cercana a las comunidades: los municipios, por ser los más cercanos a los problemas y responder de forma más rápida y adecuada. “Esto facilita la identificación de los problemas y el planeamiento y ejecución de soluciones de corto y largo plazo, ya que en este espacio se articulan actores como las escuelas, la salud, los cuerpos policiales, los empresarios, las ONG y las comunidades en sus distintas manifestaciones (OEA, 2008)”.

En resumen, AMLO le apuesta todo a la GN militarizada. Una apuesta demasiado arriesgada.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

 

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