Juego limpio en la CEDH de BC

Al filo de la navaja

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Días atrás, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California, escuchó la comparecencia de las y los siete aspirantes a presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos local. Pronto, la mayoría calificada del Congreso local tendrá que designar a la o el nuevo titular que sustituirá a la Lic. Melba Adriana Olvera.

Cuatro mujeres y tres hombres (primera vez que hay más mujeres aspirantes a esta posición) buscan la designación por el Congreso local para ocupar esa posición.

La dinámica de las comparecencias fue una exposición de no más de 15 minutos y luego, responder a preguntas de las y los legisladores lanzadas a discreción. Extraño que no estuviera la Dip. Trini Vaca, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos de la actual legislatura de Baja California.

En mi opinión, debe aprobarse una reforma a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Baja California, para que en la evaluación sobre el desempeño, la capacidad, los conocimientos, experiencia y compromiso con los derechos humanos y con las víctimas por parte de los aspirantes a presidir el organismo público estatal de protección, sean no sólo producto de un bonito discurso; que se conforme un panel de expertos en el campo de los derechos humanos, de alta calidad moral, que desarrolle una metodología y una serie de preguntas para orientar objetivamente al cuerpo legislativo en la elección de una terna, mediante un proceso que dé certidumbre, confiabilidad y validez al proceso de designación.

La anterior es importante porque los legisladores no son expertos en el tema y deben decidir en un tema muy sensible, y hay quienes tienen cercanía o ascendencia partidista con algunos de los aspirantes, lo que puede influir en la decisión para elegir al titular. El riesgo es que, como en otras ocasiones, se partidice la designación, lo que en veneno para la autonomía del organismo. No es menospreciar su capacidad, pero son quienes finalmente van a decidir con su voto.

Obviamente, esta y otras decisiones legislativas pueden ser tomadas por los partidos mayoritarios en el Congreso y/o por el gobernador en turno. Pero estos procesos se deben blindar de estas inercias, máxime si es inminente el término de la gestión estatal a la par que una fuerte competencia electoral en la que el partido en el poder corre el riesgo de ser desplazado, con la tentación de dejar a cuadros partidistas en posiciones de poder político antes de irse.

La necesidad de desarrollar un proceso limpio en la designación del hoy llamado “ombudsperson”, es porque el Estado Mexicano debe contar con organismos públicos protectores de los derechos humanos realmente autónomos e independientes. Baja California ya sufrió en el pasado las consecuencias de soportar el nombramiento de titulares de derechos humanos impuestos arbitrariamente por el poder político que melló el principio de autonomía.

La importancia de contar con una institución ombudsman autónoma e independiente

En el seno de la ONU, la mayoría de los países han adoptado el modelo de protección de los derechos humanos en la figura de instituciones públicas autónomas. El principio es: “El Estado que vigila al Estado”, cuya máxima es contribuir a paliar las condiciones que provocan la desigualdad social, la falta de acceso a la justicia, la inequidad y la impunidad en los excesos de la autoridad.

Dado el carácter no vinculatorio de sus resoluciones, el Ombudsperson basa su fortaleza en su autoridad moral y en su autonomía de los órganos de gobierno y de otros poderes como los partidos, los caciques, los grupos empresariales y religiosos y otros poderes fácticos. La autonomía del ombudsman, elevada a rango constitucional, adquiere sentido por la naturaleza de su mandato, como vigilante imparcial de los actos de gobierno.

Las instituciones ombudsman se erigen como un mecanismo de “equilibrios de poder”, como un contrapeso de las acciones gubernamentales que lesionan la dignidad y los derechos de las personas. De ahí su necesaria autonomía e independencia.

Los organismos públicos de derechos humanos, como la CEDH de Baja California, representan el último reducto adonde puede acudir la ciudadanía, cuando se les han cerrado todas las posibilidades de atención, mediación y resolución en las instancias de prevención y procuración de justicia.

Por último, sirva el presente para extender un amplio reconocimiento a la labor de MELBA ADRIANA OLVERA al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, que deja el cargo a partir de 1 de junio, quien tuvo la fortaleza, el talento y la voluntad para recuperar y mantener durante su gestión la autoridad moral y la autonomía del organismo, dejando un legado en favor de los grupos en condición de vulnerabilidad, como un reto para quien la sustituya en el cargo.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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