¿Disparar contra los malandros?

El autor es Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, montado en la ola punitiva, xenófoba y de linchamientos que se vive en el país, emite desafortunadas declaraciones populistas en el marco del lamentable homicidio de dos policías municipales de Tijuana, abatidos en un enfrentamiento con presuntos delincuentes.

En el homenaje póstumo justamente rendido a los dos policías fallecidos en el cumplimiento de su deber, Gastélum expresó a los elementos de la corporación: “No duden ante la duda razonable, de cumplir la ley. Y si eso implica, sostener el arma y… apretar el gatillo, no duden.”

Según destacan los medios, el presidente municipal pidió a los agentes de la ley durante su discurso, que los uniformados no deben dudar en “jalarle al gatillo” contra los “malandros”.

En las normas y estándares sobre la aplicación de la fuerza, incluida la fuerza letal por parte de las autoridades, está previsto el uso del arma de fuego por funcionarios civiles o militares, pero bajo la condición de que este sea el último y extremo recurso ante una amenaza inminente, imposible de evitar, estando de por medio la vida de terceras personas y la de la autoridad misma, en legítima defensa.

México ha adoptado los “Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” (principios de Necesidad, Legalidad, Legitimidad, Proporcionalidad, Moderación y Diferenciación) y el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, obligado a cumplir estas reglas internacionales aplicables a la autoridad civil y militar.

Estos criterios internacionales se aplican en países que no enfrentan una guerra regular y declarada que se rige bajo los lineamientos de las Convenciones de Ginebra. A pesar de que se pudiera pensar lo contrario, en México no hay una guerra franca ni declarada entre dos fuerzas beligerantes. Hasta ahora, hay un conflicto abierto con grupos de la delincuencia organizada cuyo combate por la autoridad se da en el marco de las normas que rigen la Seguridad Pública, y en el marco de la Convención de Palermo de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, cuya función es exclusiva de la autoridad civil, no militar, salvo en casos extraordinarios en que vaya de por medio la Seguridad Nacional, como la extracción ilegal de hidrocarburos en instalaciones estratégicas para la nación.

El problema que crea el tipo de discursos como el del alcalde Gastélum de Tijuana, que se suma a su discurso xenófobo en contra de los integrantes de la Caravana de migrantes centroamericanos (que le valió la orden de un juez para evitar ese lenguaje racista), es que pasa por encima de los criterios y normas nacionales e internacionales que rigen el uso de la fuerza y exacerban el clima de violencia que vive el país, particularmente Tijuana, ciudad que, con más de 2,400 homicidios violentos en 2018, compite el nada honroso primer lugar nacional con Acapulco en este rubro.

Juan Manuel Gastélum hace uso de ese lenguaje punitivo, como lo hace con el tema de los migrantes centroamericanos, para hacerse de simpatizantes en su campaña reeleccionista a la presidencia municipal de Tijuana, que en parte logra simpatías aprovechándose de los prejuicios de la población –y él lo sabe- en materia de derechos humanos.

Además, una cosa es que la autoridad sea absolutamente ineficaz para combatir las causas estructurales y las consecuencias de la inseguridad y la violencia, y otras que trate de desviar la atención con un discurso punitivo-electoral que muestre su incapacidad y la corrupción que encubre e impide resolver de raíz el grave problema de la inseguridad.

El país vive hoy un clima de hostilidad basada en una profunda desinformación de los principios constitucionales; con comunidades invadidas por el miedo y el odio, en un país con una fuerte tendencia hacia la xenofobia, el racismo, el huachicol, el agandalle y el linchamiento social, mediático y físico que impide la reconstrucción del tejido social y que, contradictoriamente, exacerba el repudio y el rechazo irracional y visceral a su último bastión de protección y defensa social y legal: los derechos humanos.


*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

PD: Del 16 al 18 de enero de 2019, en la Universidad Iberoamericana-Tijuana, encuentro sobre “Desarrollo de Capacidades para la Prevención de la Tortura en el Noroeste”, dirigido a funcionarios, periodistas, académicos, profesionistas, víctimas, ONG, estudiantes y público en general.

 

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