Diferentes visiones del respeto a los derechos humanos desde la política

El autor es analista político

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Ciudad de México |Manuel Guerrero


Andrés Manuel López Obrador, candidato  de  la coalición “Juntos haremos historia” y Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al frente.” demostraron una muy cuestionable sensibilidad, respecto de la pregunta que sobre la Ley de Seguridad Interior les formularon en el evento Diálogos por la Paz y Justicia.

El pasado 8 de mayo de este 2018, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, 60 agrupaciones de víctimas de la violencia y organizaciones de derechos humanos, llevaron a cabo los “Diálogos por la Paz y Justicia”, al que asistieron todos los candidatos presidenciales, a excepción  de la hoy ex candidata, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.

En dicho evento, respecto de la Ley de Seguridad Interior, Ricardo Anaya Cortés,  expresó: “La deficiencia  más grande de la Ley de Seguridad Interior  es que no se establecieron los incentivos para que los cuerpos civiles asuman su responsabilidad.”  La respuesta del candidato soslayó la inconstitucionalidad de la nombrada Ley y,  las consecuencias de ello,  razón por cual de forma inusual y no vista en este país, diferentes Organismos Internacionales hicieron importantes recomendaciones a los Senadores de la República,  para que consideraran las posibles transgresiones a los derechos humanos de los mexicanos, que la Ley permitiría, para  el caso que fuese promulgada.

Por su parte Andrés Manuel López Obrador, respecto de la pregunta de echar para atrás la Ley de Seguridad Interior, solo se concretó a decir: “Ni sí, ni no”, quizá previendo que de  llegar a tener la presidencia de México, esta impopular Ley, le sería útil para aplicarla a la sociedad que cuestionara las acciones de un posible gobierno encabezado por él.

Afortunadamente las decepcionantes repuestas de los candidatos presidenciales, fueron superadas un día después (NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO),   en que en el Juicio de Amparo 118/2018,  el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Lic. Fernando Silva García, dictó una disruptiva, trascendental y cuidadosamente  fundada  sentencia, en la cual en las fojas 34 y 35,  mencionó lo siguiente:

D. Acreditación del interés jurídico y legítimo de la parte quejosa por la sola entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior reclamada.

1. La Ley de Seguridad Interior desde su entrada en vigor sujeta a todas las personas dentro del Estado a la autoridad de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

El artículo 129 constitucional prevé que “[e]n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”; mientras que la legislación impugnada desde su entrada en vigor, sin necesidad de condición alguna, faculta a las autoridades militares a vigilar, identificar, prevenir, recopilar información y atender riesgos de seguridad interior, en forma permanente y sin necesidad de declaratoria u orden previa de alguna autoridad, en términos de los artículos 11, último párrafo y 26 de ley en análisis, mediante acciones que sean necesarias, pertinentes y eficaces para tal efecto, pues deja al arbitrio de las autoridades federales con inclusión de las Fuerzas Armadas llevar a cabo —sin especificar cuál— toda acción necesaria, eficaz y pertinente en el ámbito de sus competencias, en materia de seguridad interior en territorio civil en tiempos de paz.

Así, la Ley de Seguridad Interior desde su entrada en vigor faculta a las autoridades federales con inclusión de las Fuerzas Armadas a llevar a cabo actos de molestia y de privación  en perjuicio de los integrantes de la sociedad, pues en tanto se permite a tales autoridades a identificar, prevenir, recopilar información y atender en forma permanente y sin necesidad de Declaratoria en los supuestos ya mencionadosriesgos de seguridad interior mediante acciones de naturaleza discrecional, ahora, tales autoridades también tienen la autorización legal para que dichos actos discrecionales se traduzcan en actos de molestia o de privación en la esfera jurídica de las personas, tales como operativos, retenes, revisiones aleatorias en carreteras o aeropuertos, incluso detenciones y todas las labores de policía propias de la seguridad interior que coexisten con las labores cotidianas de seguridad pública en el ámbito civil.”

Finalmente en las fojas 111 a 114, de esa sentencia que dignifica al Poder Judicial Federal en lo que al Juez Octavo corresponde  y crea un nuevo paradigma en la aplicación del derecho y el respeto a  los derechos humanos de los mexicanos   el Juez Fernando Silva García,  concluyó su responsable y fundado análisis jurídico, con  los conceptos que se reproducen a continuación:

“De conformidad con lo expuesto en esta sentencia, resulta inconstitucional el sistema normativo previsto en la Ley de Seguridad Interior reclamada –en cuanto incorpora a las fuerzas armadas en las funciones relacionadas con la seguridad interior en tiempos de paz– particularmente, los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y último, 15, segundo párrafo, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, por transgredir las condiciones de validez previstas en la jurisprudencia de la SCJN que establecen los parámetros de actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, derivadas de la interpretación de los artículos 29, 89 y 129 de la Constitución Federal, y que garantizan la seguridad jurídica en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo cual debe concederse el amparo solicitado por la parte quejosa.

En virtud de lo anterior, se ordena la inaplicación y desincorporación presente y futura de la esfera jurídica de la parte quejosa, del contenido material de los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y último, 15, segundo párrafo, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, que forman parte del sistema normativo reclamado.

Asimismo, de conformidad con el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que faculta a los jueces de amparo a especificar las medidas adicionales a la inaplicación de las normas legales declaradas inconstitucionales, y a fin de garantizar las condiciones de seguridad jurídica para el restablecimiento de los derechos de la parte quejosa reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la Ley de Seguridad Interior se impugnó a partir de su entrada en vigor, conviene precisar que en virtud de que son las Fuerzas Armadas — Ejército, Fuerza Aérea y Marina— a las que les corresponde aplicar en el ámbito de su competencia la Ley de Seguridad Interior, y las cuales podrían causar un perjuicio material a la parte quejosa con su aplicación, lo procedente es informar y ordenar a las citadas autoridades que con motivo de la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa de las normas impugnadas, las Fuerzas Armadas no deben llevar a cabo ningún acto de privación o molestia en perjuicio de la parte quejosa en aplicación de los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y último, 15, segundo párrafo, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, porque han sido declarados inconstitucionales.

En sintonía con las consideraciones expuestas en esta ejecutoria y las medidas adicionales referidas en el artículo 78 de la Ley de Amparo, las Fuerzas Armadas sólo están facultadas para llevar a cabo las acciones de seguridad contempladas en los preceptos de la Ley de Seguridad que han quedado intocados en relación con la parte quejosa y que pudieran causarle un perjuicio en su esfera jurídica, siempre y cuando sean respetadas y garantizadas las condiciones de validez previstas en la jurisprudencia de la SCJN, en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, a manera enunciativa, las siguientes:

1. Las Fuerzas Armadas tienen facultades para participar en la seguridad interior del Estado en tiempos de paz, siempre y cuando sean previamente autorizadas a partir de un mandamiento escrito del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que funde y motive su intervención.

2. El Presidente Constitucional está facultado para autorizar a las fuerzas armadas a participar en la seguridad interior del Estado en tiempos de paz mediante la declaratoria referida, siempre y cuando se actualicen circunstancias excepcionales.

3. La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior en tiempos de paz ante circunstancias excepcionales debe regirse por los criterios de impermanencia, temporalidad  y delimitación territorial.

4. Una vez que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos autoriza a las fuerzas armadas a intervenir en determinadas tareas de seguridad interior en tiempos de paz  “será necesario que en las operaciones en las que intervengan estén subordinadas a las autoridades civiles” en todo operativo.

5. La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior en tiempos de paz está subordinada al orden jurídico, de lo cual deriva -en el ejercicio de dichas funciones- el principio de subordinación o sujeción funcional del sistema de mando y de adiestramiento militar a los fines del Estado de Derecho en tiempos de paz.

6. Las Fuerzas Armadas deben respetar los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales adoptados por el Estado.

7. La actuación de las Fuerzas Armadas debe estar sujeta a un control judicial reforzado que garantice la protección judicial de los derechos humanos.

8. El legislador y el Presidente, al regular y autorizar la actuación de las Fuerzas Armadas en cualquier tarea de seguridad interior, deben respetar el federalismo reconocido en la Norma Suprema.

9. La participación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz requiere el respeto al derecho de acceso a la información pública, así como a los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas como garantías necesarias para conocer si la actuación militar se apega a las condiciones de validez antes anunciadas y para exigir su cumplimiento a través de los canales democráticos.

10. Las violaciones a derechos humanos por militares en el ejercicio de funciones de seguridad interior deben resolverse por tribunales civiles.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 77, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se:

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades responsables Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, al haber participado en el proceso de refrendo y publicación, respectivamente, de la Ley de Seguridad Interior, por las razones precisadas en esta sentencia.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la parte quejosa frente al sistema normativo de la Ley de Seguridad Interior que  incorpora a las fuerzas armadas en las funciones relativas a la seguridad interior en tiempos de paz, concretamente, respecto del contenido material de los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y último, 15, segundo párrafo, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, por las razones y para los efectos precisados en esta sentencia.

Notifíquese como en derecho corresponda. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)

Así, lo resolvió y firma Fernando Silva García, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa la Ciudad de México, hasta hoy nueve de mayo dos mil dieciocho; quien actúa con Juan Carlos Elizalde Hernández, Secretario que autoriza.- Doy fe. ”

FUENTE: VERSIÓN PÚBLICA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 118/2018, DEL OCTAVO JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO)

Las puntuales y fundadas manifestaciones del Juez Octavo de Distrito, en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, en la comentada sentencia, prueban la importancia que debe tener el respeto a  los derechos humanos de los mexicanos;  los  cuales para los candidatos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés,  según se apreció en los Diálogos por la Paz y Justicia, el pasado ocho de mayo del presente. Son un asunto secundario del cual no se han interesado en informarse y pronunciarse a profundidad, según lo demostraron de forma fehaciente.

Por  todo lo expuesto,  en el segundo debate de los candidatos presidenciales, el  próximo veinte de mayo, en la Ciudad de Tijuana, Baja California,  sería de gran interés para la sociedad de Tijuana y del resto del país, que los medios de comunicación y los ciudadanos que asistan a ese evento o posteriores, cuestionen a los candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Respecto de su posición en cuanto a las consideraciones que contiene la trascendental sentencia, de la cual se ha informado en párrafos anteriores; porque salvo una errónea apreciación del que esto escribe, un gran porcentaje de los miembros de la sociedad consideramos que un verdadero Estado de Derecho, tiene como una de sus principales manifestaciones el respeto y progresividad de los derechos humanos de los mexicanos.

Es oportuno recordar que la Jueza Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, KARLA MARÍA MACÍAS LOVERA,  concedió el Amparo de la Justicia de la Unión a una organización de personas defensoras de derechos humanos, respecto de algunos de los artículos de la Ley de Seguridad Interior, por considerar que son violatorios a los derechos humanos

Se complementa la información que se da en el presente texto, mencionando que también en el Juicio de Amparo 116/2018, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, concedió el Amparo de la Justicia de La Unión a diversos quejosos, respecto de la Ley de Seguridad Interior

JUICIO DE AMPARO 118-2018 Versión Pública

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