Venezuela sufre crisis de gobernabilidad que han de solucionar sus políticos

“Tenemos documentadas veinte personas que habrían muerto como consecuencia directa de disparos con armas de fuego"

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Familia venezolana
ACNUR/Santiago Escobar-Jaramillo Rebeca abandonó Venezuela con sus hijos para reunirse con su esposo Jonathan en Tulcán, Ecuador, donde trabaja en un bar donde gana 3 dólares al día.

Tras condenar las muertes registradas durante la represión de las últimas protestas, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se pregunta qué hace falta para que los políticos venezolanos antepongan el bienestar del pueblo a sus intereses.

“Más de tres millones de venezolanos han huido del país, muchos millones más viven en condiciones totalmente miserables. ¿Qué más se necesita antes de que los líderes políticos antepongan el bienestar de su pueblo a sus propios intereses?”, reflexionó Michelle Bachelet.

La Alta Comisionada instó a los dirigentes a iniciar conversaciones de inmediato que conduzcan a “distender la situación y encontrar una solución práctica y duradera a la prolongada crisis social, política y económica del país”.

Igualmente, resaltó la importancia de que las autoridades renuncien a “cerrar cualquier vía de diálogo restante mediante la persecución penal de los líderes políticos y sociales, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional”.

A pesar de estas tensiones, Venezuela no solamente sufre una crisis política según indica Marta Hurtado, oficial de prensa de la Oficina de la Alta Comisionada.

 “Hay una crisis social, económica y humanitaria muy grande y sostenida en el tiempo. En los últimos tres años más de tres millones de personas han abandonado el país. Estos movimientos de partida, de huida, desde Venezuela hacia otros puntos de la geografía sudamericana sigue en estos momentos y hay otros millones de personas que sobreviven en el país en condiciones muy complicadas. Esa situación generalizada de crisis hay que solucionarla”.

Investigación de las protestas

En este volátil escenario, la Alta Comisionada ha solicitado este viernes que se inicie una investigación de los sucesos que se han cobrado numerosas víctimas durante la última semana.

Hurtado detalló que, pese a no contar presencia en el terreno, monitorean los sucesos desde el exterior y que cuentan con informaciones de distintas fuentes fidedignas.

“Tenemos documentadas veinte personas que habrían muerto como consecuencia directa de disparos con armas de fuego, y de estos casos tenemos lista de nombres y localizaciones. Hay dudas si han sido por disparos de las fuerzas del orden o por grupos armados sean o no progubernamentales”.

A esa cifra hay que añadirle un número “indeterminado pero muy elevado” de heridos y un mínimo de 350 personas detenidas durante las manifestaciones o en altercados alrededor de ellas.

Indicó que otra cuestión preocupante es la de los allanamientos en viviendas y en zonas pobres y poco desarrolladas de Caracas “donde se han registrado más de 180 protestas y hubo una respuesta bastante violenta de las autoridades.

Hurtado señaló que el conjunto de estas acciones “tienen puntos de encuentro en común” con las protestas de 2017cuando un informe de la Oficina demostró casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de reunión y de expresión y allanamientos.

Sin visita prevista a Venezuela

Con relación a la invitación previa del presidente Nicolás Maduro a Bachelet de visitar el país, Hurtado destacó la necesidad de enviar previamente una misión técnica que analice la “eventualidad de una posible visita”.

“Todavía no estamos en ese punto. Estamos evaluando, conversando, pensando en la posibilidad de cómo sería esa eventual misión técnica que no ha sido establecida por ahora, con lo cual a día de hoy estamos muy lejos decir cuándo y si se va a producir esa visita”.

Con todo, Hurtado indicó que el pasado mes de septiembre la Oficina de la Alta Comisionada recibió el mandato del Consejo de Derechos Humanos de producir un informe sobre la situación en Venezuela. La presentación de la versión oral del reporte está prevista inicialmente para el 20 de marzo y la escrita en la sesión de junio del Consejo.

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