Piden sanciones para los militares en Myanmar

El Ejército ha llevado a cabo violaciones extensas y sistemáticas de los derechos humanos contra civiles

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UNOCHA/Vincent Tremeau Los dos hijos de Nomtaz Begum, de 30 años, una refugiada de Myanmar en Bangladesh, fueron asesianados frente a ella.

Una misión de investigación independiente sobre la situación de los derechos humanos en el país asiático ha encontrado pruebas de que los militares birmanos utilizan las empresas que controlan para apoyar acciones brutales contra grupos étnicos. También pide que consumidores, inversores y compañías nacionales y extranjeras eviten tratar con las firmas de los militares.

La Misión Internacional de Investigación Independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar divulgó este lunes un informe en el que insta a cortar lazos con el Ejército del país y con la vasta red de empresas bajo su control en un.

“Los ingresos que los militares obtienen de negocios comerciales nacionales y extranjeros aumentan sustancialmente su capacidad para llevar a cabo violaciones graves de los derechos humanos con impunidad”, aseguran los expertos encabezados por el abogado y activista Marzuki Darusman, antiguo Fiscal General de Indonesia.

El informe establece en detalle por primera vez el grado en que el Ejército de Myanmar ha utilizado sus propios negocios, compañías extranjeras y acuerdos de armas para apoyar operaciones brutales contra grupos étnicos. Esos operativos constituyen crímenes graves según el derecho internacional, evitan la supervisión civil y evaden la responsabilidad criminal, señalan los expertos.

Por ese motivo, estiman que el Consejo de Seguridad debería imponer, de manera inmediata, sanciones selectivas contra las compañías dirigidas por los militares, conocidas como Tatmadaw.

Embargo de armas 

Además, la Misión también solicita la imposición de un embargo de armas, citando al menos a 14 empresas extranjeras de siete naciones que desde 2016 han suministrado a Myanmar aviones de combate, vehículos blindados de combate, buques de guerra, misiles y lanzadores de misiles.

“Durante este período, el Ejército ha llevado a cabo violaciones extensas y sistemáticas de los derechos humanos contra civiles en los estados birmanos de Kachin, Shan y Rakhine, incluida la deportación forzada de más de 700.000 rohinyás a Bangladesh”, asegura el informe.

Los expertos también alientan a los consumidores, inversores y empresas en el país y en el extranjero a evitar tratos con empresas afiliadas a las fuerzas armadas.

El informe de la Misión habla de dos de las empresas más opacas de Myanmar, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), ambas pertenecientes e influenciadas por altos líderes militares.

Altos rangos militares

Entre ellos se encuentran el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general en jefe Min Aung Hlaing, y el vicecomandante en jefe, el general  Soe Win, quienes, según la Misión, deberían ser investigados y procesados ​​por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

MEHL y MEC poseen al menos 120 empresas involucradas en todos los sectores de la economía, desde la construcción hasta los productos farmacéuticos, la manufactura, los seguros, el turismo y la banca.

Ambas compañías, junto con al menos 26 de sus filiales, poseen licencias para la extracción de jade y rubí en los estados de Kachin y Shan.

Para realizar sus actividades comerciales, las Tatmadaw han perpetrado graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el norte de Myanmar, entre las que se incluyen el trabajo forzoso y la violencia sexual.

IRIN/Steve Sandford
Dos soldados de Myanmar custodian una presa frente a la frontera China en el estado norteño de Kachin, donde más de 85.000 personas han sido desplazadas por el conflicto en el país.

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