Nueva York | Carla García-ONU


Dos expertos de las Naciones Unidas instaron este jueves a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán del 1 de octubre no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.

El gobierno catalán ha programado un referéndum sobre la independencia de la comunidad autónoma para el 1 de octubre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España decidió el 6 de septiembre que el referéndum sería inconstitucional.

En un comunicado conjunto, David Kaye, relator especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión, y Alfred de Zayas, experto sobre la promoción de un orden internacional democrático, enfatizaron que, al margen de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas.

Desde la sentencia, cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar. Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando casas de imprenta y confiscando materiales electorales. Varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado.

Diferentes personajes políticos han sido arrestados, al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.

“Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española”, señalaron los expertos.

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