Persisten disposiciones discriminatorias en materia de sexo en la legislación mexicana

Emite CEDAW recomendaciones al Estado Mexicano: preocupa persistencia de contexto de violencia

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 La persistencia de altos niveles de inseguridad, la violencia y el crimen organizado en México y su impacto en las mujeres es una de las mayores preocupaciones del Comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), aunado a “la aparición de propaganda contra el género que pueda socavar los logros alcanzados en los últimos años en el fomento de la igualdad entre los género”, señala el documento preliminar de recomendaciones publicado esta mañana.

En él se dan a conocer las recomendaciones que se harán llegar al Estado Mexicano luego de la presentación de su informe el pasado 6 de julio en Ginebra, Suiza. las recomendaciones oficilamente se harán llegar a las autroidades en las próximas semanas.

El Comité recomienda al Estado Mexicano reforzar la estrategia de seguridad pública para combatir la delincuencia organizada y eliminar los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres y las niñas; y adoptar medidas para aumentar la sensibilización sobre de los derechos humanos de las mujeres mediante campañas.

Destaca que en México persisten disposiciones discriminatorias en materia de sexo en la legislación, y que aunado a la falta de armonización de los códigos civiles y penales a nivel estatal, obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres.

De igual forma señala la falta de mecanismos efectivos y las asignaciones presupuestarias estatales para aplicar y supervisar las leyes relacionadas con la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que no han logrado eliminar la discriminación, especialmente las formas de discriminación, particularmente contra los indígenas , Mujeres afro mexicanas y migrantes, mujeres con discapacidades y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Recomienda la creación de un código penal unificado y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación contra las mujeres ya que la situación actual en donde existen códigos distintos, ha dado lugar a tasas de procesamiento bajas en los casos de discriminación basada en el sexo.

Asimismo, señala la importancia de establecer un mecanismo de denuncia judicial para ocuparse específicamente de los casos de discriminación contra la mujer y garantizar que los recursos humanos, técnicos y financieros se asignan para su aplicación efectiva, incluida la formación de los jueces.

En materia de acceso a la justicia, el Comité expresa su preocupación ante las barreras institucionales que obstaculizan este derecho de las mujeres. Destaca que persisten estereotipos discriminatorios y conocimiento limitado de los derechos de las mujeres entre el poder judicial. Pone énfasis especialmente en las barreras financieras, lingüísticas y geográficas que enfrentan las mujeres indígenas, de bajos ingresos, rurales, y las mujeres con discapacidad para acceder a la justicia.

Por ello recomienda al Estado que fortaleza capacidades en personas juzgadoras que se transparenten las sentencias para evaluar si hay prácticas discriminatorias, que se adopte medidas efectivas para garantizar la implementación del Protocolo del Tribunal Supremo para juzgar con una perspectiva de género y que se aliente a las mujeres a denunciar incidentes de violencia de género, y garantice que todos los casos sean investigados y castigados.

También recomienda al Estado aumentar  los recursos humanos, técnicos y financieros del Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES) y mejorar su capacidad para promover y supervisar la aplicación de políticas de igualdad de género, fortaleciendo su función dentro del marco normativo que rige la incorporación de la perspectiva de género, en los niveles federal y estatal.

Para combatir la cultura machista y los estereotipos, elaborar  una estrategia educativa para los profesionales de los medios que comprenda directrices y mecanismos de supervisión para eliminar los estereotipos discriminatorios contra la mujer y fomente la cobertura mediática sensible al género, en particular en las campañas electorales.

Respecto a la violencia de género, el comité CEDAW expresa su preocupación por la persistencia de la violencia de género generalizada contra mujeres y niñas en todo el país, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato sexuales, en particular el feminicidio. Insta al gobierno mexicano a adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas fundamentales de esa violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de la mujer; investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, incluidos los actores estatales y no estatales; asegurar que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales estatales; evaluar el impacto del Mecanismo de Alerta de Género; y recopilar datos desglosados ​​sobre la violencia contra las mujeres.

Por otra parte, el Comité observa con preocupación que las defensoras de los derechos humanos y los periodistas están sometidas a diversas y crecientes manifestaciones de violencia aparentemente cometidas por agentes del Estado en algunos casos y recomienda que adopte medidas para aplicar con perspectiva de género el Mecanismo Federal de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas en todos los Estados.

Respecto a la participación en la vida política y pública el Comité de expertas destaca los obstáculos estructurales que limitan al acceso de la mujer a la vida política y pública, la discriminación racial y de género dentro de los partidos políticos que sigue impidiendo que las mujeres se postulen para las elecciones a nivel estatal o municipal y el aumento de la violencia política contra las mujeres.

En México persisten barreras estructurales para garantizar el acceso de mujeres y niñas a una educación de alta calidad, en particular en los niveles secundario y terciario, hay infraestructura escolar deficiente, y  falta de docentes calificados , especialmente en comunidades indígenas y en áreas rurales. Asimismo, existe una falta de mecanismos efectivos para prevenir, sancionar o erradicar el abuso y el acoso sexuales y otras formas de violencia en las escuelas. Por ello se recomienda al Estado a incrementar las asignaciones presupuestarias para garantizar la plena implementación del nuevo modelo educativo (2017) en todos los estados, y permitir la mejora de las infraestructuras escolares, especialmente en las comunidades indígenas y en las zonas rurales, y mejorar la oferta de servicios esenciales y accesibles materiales de enseñanza y aprendizaje; y  asegurar que haya suficiente apoyo humano y financiero para la implementación completa de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo entre Niñas Adolescentes.

En cuanto al empleo, el Comité señala que hay una escasa participación económica de las mujeres (44% en comparación con el 78% de los hombres) y que persiste la brecha salarial de género (5.8% en 2017) tanto en el sector público como en el privado.

En materia de salud recomienda intensificar los esfuerzos para acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto, con miras a garantizar el acceso al aborto legal y garantizar el acceso a los servicios de atención postaborto, independientemente de si el aborto ha sido legalizado; y armonizar  las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley general sobre las víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, e informe y capacite adecuadamente al personal médico a fin de garantizar la atención especializada de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual; definir la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género y  reducir la incidencia de la mortalidad materna.

Hizo además recomendaciones para mejorar las condiciones de mujeres rurales e indígenas, mujeres en conflicto con la ley y mujeres en condiciones de pobreza.

No obstante las preocupaciones, el Comité CEDAW reconoció que existen importantes avances. Entre ellos destacó: la Ley general sobre desapariciones forzadas en 2018; la Ley de Planificación Nacional (modificada en 2018), que promueve la igualdad de género y prohíbe la discriminación basada en el sexo; La Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en 2017; las enmiendas a la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, incluidas las disposiciones que prohíben la misoginia, la homofobia y la discriminación racial, en 2014, y las expresiones de odio, incluidas las expresiones de sexismo, en 2018; las enmiendas a la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida sin violencia, incluida una disposición que penaliza el feminicidio, en 2016; la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye nueve artículos que promueven la igualdad de género en diferentes áreas, en 2014; la adopción del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer (PROIGUALDAD, 2013-2018); del  Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (2014-2018); del Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018); y del Programa integral para prevenir, abordar, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer (2014-2018), así como la creación de la Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos Adolescentes (2015).

SEM/gr

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