Ciudad de México | SemMéxico |


En al menos cuatro entidades, no se investigaron como feminicidio más de 250 asesinatos de mujeres, luego de que fueron vinculados al narcotráfico, aunque “quedó claro que no investigaron”.

Así lo establece el Informe Implementación del tipo penal de Feminicidio en México, Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), presentado recientemente en México, en el que se establece que la falta de investigación es la razón por la cuales solo mil 886 casos son investigados como feminicidio (30 %).

Señala que diversos informes de los Grupos de trabajo de las solicitudes de la Declaratoria de Alerta de Género de la CONAVIM, las expertas encontraron los siguientes hallazgos: Observaron que varios casos que tenían características feminicidas, no fueron investigados como tal, pues las autoridades argumentaron que estaban vinculados al narcotráfico, sin que se hayan investigado.

Tal como sucedió en Guerrero, en donde el Grupo de trabajo afirmó que muchos de los feminicidios están vinculados con el crimen o el narcotráfico, lo que provoca su invisibilización, 252 otros ejemplos son Michoacán, Morelos y Veracruz, entre otros.

Cifras recabadas de diversas fuentes oficiales por parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio concluyen que, en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 fueron asesinadas un total de ocho mil 904 mujeres, sólo dos mil188 casos fueron investigados como feminicidios (24,5 %) y, revela que hubo un incremento en el año 2017.

El Observatorio registro más de seis mil asesinatos de mujeres entre 2014 y 2017 en 25 estados del país, solo el 30 por ciento es investigado como feminicidio, en la mayoría de los casos se desconoce la identidad del victimario, y se tiene en claro que gran parte de las víctimas tenían de 21 a 30 años, es decir, se encontraban en edad reproductiva.

El informe elaborado con la colaboración de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, muestra también las dificultades que se tienen para obtener la información desde la parte oficial, como sucedió con Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán, en otras entidades la información proporcionada fue parcial.

En 2017 se registraron mil 204 asesinatos de mujeres, en tan solo nueve estados del país, 376 se investigaron como feminicidios; otro dato de ese mismo año fue el que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró tres mil 256 asesinatos de mujeres y feminicidios en 2017 en todo el país, lo que representa un aumento de 52 por ciento comparado con 2015, año en que se registraron dos mil 144 asesinatos de mujeres, con base en la información del propio Secretariado Ejecutivo.

Como ejemplo, cita lo sucedido en Baja California Sur, que registró un aumento de 658 por ciento, otro ejemplo es el estado de Querétaro con un aumento de 112 por ciento.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reporta entre sus hallazgos, que de los mil 886 feminicidios registrados la mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 30 años.

La mayoría de las mujeres fueron asesinadas de manera brutal, mediante diversos métodos: golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos y heridas mutilantes. Cabe destacar que un número significativo de mujeres fueron asesinadas con el uso de armas de fuego, entre éstos Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Oaxaca, entre otros.

El estudio revela que la mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio fueron encontradas en espacios públicos como: carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales, restaurantes, entre otros. Lo que evidencia el nivel de riesgo e inseguridad que viven las mujeres en estos espacios y solo el 30 por ciento encontradas en su casa habitación.

Por otro lado, se desconoce en un número significativo el vínculo entre la víctima y su victimario, debido a que las investigaciones carecen de diligencias básicas que permitan identificar a los agresores, situación que lleva a que los casos queden en la impunidad.

Como ejemplo, el OCNF cita lo sucedido en Sinaloa en el que de un total de 85 asesinatos de mujeres registrados en 2017, en 94 por ciento la autoridad desconoce al victimario; en Jalisco de un total de 153 casos registrados en el mismo periodo la autoridad desconoce la identidad del agresor en 54 por ciento; en el Estado de México, con un total de 243, no se sabe del victimario en un ocho por ciento.

En Sonora, se reportan 99 asesinatos de mujeres, en 26% se desconoce al agresor; en Veracruz de un total de 81 feminicidios registrados la autoridad no sabe quien fue el victimario en 20 por ciento; y en Oaxaca, de un total de 256 asesinatos se ignora quién es el feminicida en un 20 por ciento de los casos.

Otra preocupación son los casos de feminicidio que se pudieron haber evitado, pues las víctimas habían acudido previamente ante la autoridad para denunciar la violencia de la que eran objeto; sin embargo, las autoridades no generaron los mecanismos de protección. Ejemplo de ello, es el caso de Michoacán en donde el informe del Grupo de trabajo de la AVG reconoció un alto índice de reincidencia en casos de violencia; o el caso de Sinaloa donde el Grupo documentó que, en 109 casos de asesinatos, las mujeres habían denunciado violencia previamente.

Los informes de la CONAVIM visibilizaron los diversos contextos de alta criminalidad donde operan grupos delictivos (aunque esto no se vio reflejado en recomendaciones específicas sobre esta problemática). Los estados en los que la CONAVIM reconoció este contexto son: Sinaloa, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.

Pese a ello, fue hasta la Declaratoria cuando las autoridades recomendaron crear una Unidad de Análisis y Contexto para apoyar en las Investigaciones de feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones con el objetivo de identificar las prácticas, patrones o modos de ejecución que permitan “develar patrones del delito, prácticas y modus operandi, asociación de casos similares, enfoques diferenciales que se requieran, perfiles de los victimarios, mapas de localización, concentración y tipología delictiva, así como mapas de vínculos de alta complejidad que identifiquen tendencias en la actividad criminal”.

SEM/sje

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