Ciudad de México | Sara Lovera – SemMéxico/Cuadernos Feministas | En 10 años, entre 2007 y 2017,  tres mil 900 mexicanas fueron criminalizadas por interrumpir su embarazo, con la apertura de carpetas de investigación, bajo la presunción de haber cometido  el  delito de aborto que mantienen en sus códigos penales la mayoría de las entidades, afirman  Martha Paola Fernández Lozano y María Lucely Cervantes Pérez del área jurídica del grupo Las Libres, de Guanajuato.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) sostiene que  al menos 98 mujeres están sentenciadas y en la cárcel, acusadas del delito de aborto.

Estos datos, coinciden Las Libres y Gire,  constituye la materialización de una creciente postura conservadora en el país, y en 17 entidades ello se recrudeció, como una respuesta a la lucha de más de 90 años de las feministas por liberalizar el aborto. Antes de 2007 en que se despenalizó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, según estudio de Lucero González, prácticamente ninguna persona, ni mujeres, ni médicos fueron indiciados o investigados por el delito de aborto.

Las abogadas de Las Libres,  sostienen que la criminalización ha ido en aumento, ya que sólo entre  2014 y 2015 la tasa de denuncias se incrementó de 274 a 512 y de 2015 a 2016 el incremento fue a 538; en 2017 sólo se identificaron 474 carpetas de investigación. Hay  registro de doscientos procedimientos abiertos por la misma cusa contra adolescentes, entre 2014 y 2016.

En una investigación en prensa,  señalan que los datos fueron proporcionados a través de solicitudes de acceso a la  información pública de en todos los estados de la República solicitando los expedientes  penales, así como cifras de INEGI de los Censos Nacionales de Justicia Estatal,  relativas a las  averiguaciones previas y apertura de carpetas de investigación de personas involucradas en conductas antisociales.

Las cifras   resultado de la indagación, deja en claro  que el 86 por ciento de los expedientes analizados, mostraron que las averiguaciones se hicieron tras los cambios en las 17 entidades que incluyeron la protección de la vida  desde el momento de la concepción en sus Constituciones,  a partir de 2008, como una interpretación incriminatoria, ya que por sí solas esas reformas no debieron conducir a la persecución penal.

Los estados  con mayor índice de criminalización son Baja California, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco y Veracruz; pero los primeros tres son Ciudad de México, Baja California y Veracruz, con 968,531 y 291 respectivamente.

Coincide el aumento de penalización de la mujeres, con entidades que modificaron su Constitución, entre 2008 y 2016: Baja California, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Sonora y Veracruz, al incluir su Constitución la protección de la vida desde la concepción; y otros donde no se hizo la reforma  coinciden con otras formas de criminalización, discriminación y/o con hechos documentados de machismo exacerbado y feminicidio.

Un adelanto del estudio, se publicó esta semana en el número 35 de la revista de reflexión Cuadernos Feministas en su 21 aniversario. Las abogadas sostienen que esas  3 mil 900 mexicanas se encuentran o se han encontrado en alguna situación jurídica bajo la presunción de haber cometido una conducta considerada como delito en donde el mejor de los casos sólo son denuncias o tienen alguna averiguación previa o carpeta de investigación abierta en su contra sin consignar o judicializar y en el peor de los escenarios se trata de  sentencias con penas privativas de la libertad.

Por su parte el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)  informó que sólo en 2017  se iniciaron 474  averiguaciones previas o capetas de investigación por el delito de aborto; de mil 155 expedientes  analizados, se establece que existen en el Ministerio Público 845 denuncias; que están abiertos contra las mujeres 216 juicios penales y hasta ahora se han dictado 98 sentencias con privación de la libertad,

La información Gire está en el  documento 51% Una Agenda para la Igualdad, presentado por varias organizaciones apenas el primero de junio pasado. Ahí  sostiene que enfrentar un proceso penal por aborto, puede tener consecuencias permanentes en la vida de las mujeres, su familia y la relación con su comunidad.

Las Libres afirman que el aluvión de averiguaciones previas se dio tras la despenalización del aborto en la Ciudad de México (2007) y como una respuesta conservadora,  buscando criminalizar a las mujeres. Y agrega que a las mujeres se nos imponen roles de género como la maternidad y el poder punitivo del Estado, éste, utilizado como herramienta para mantener el control de nuestra autonomía reproductiva. Eso abre el espacio para ser denunciadas, procesadas, sentenciadas y encarceladas al optar por interrumpir un embarazo.

Recuerdan que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) afirma que “criminalizar la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres, y las expone  a riesgos para su vida o su salud con el propósito de preservar su función como agentes reproductores”.

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