Militarizar la seguridad pública

Al filo de la navaja

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Mexicali-BC | Raúl Ramírez Baena*


En columna anterior había advertido sobre la posibilidad de que el Congreso de la Unión apruebe una Ley de Seguridad Interior, impulsada por iniciativas del Ejecutivo Federal por conducto del PRI, y por el PAN, para, supuestamente, “dar certeza jurídica a las fuerzas armadas”.

Aun que sabemos que la verdadera intención del régimen es justificar las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública, y en virtud de que el Artículo 21 Constitucional establece competencia exclusiva de la autoridad civil en estas tareas, se sabe que es una iniciativa de Seguridad Pública disfrazada de “Seguridad Interior”, para evitar recursos de inconstitucionalidad y reformar la Carta Magna, y para evadir las múltiples Recomendaciones de las ONU y la OEA para el retiro de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por el PRI en la Cámara de Diputados otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal, la posibilidad de realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de información”.

El Artículo 28 de dicho proyecto establece: “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior.

“Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información”.

De aprobarse la Ley en estos términos, se facultaría a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad pública federal, intervenir comunicaciones y recolectar información privada a través de cualquier método, sin distinción y sin que se contemple ningún control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.

Por su parte, en la iniciativa del PAN en el Senado, se establecen obligaciones amplias a empresas de telecomunicaciones e Internet, que pueden comprometer el derecho a la privacidad:

“Artículo 48. Los concesionarios, permisionarios, operadores y comercializadores de servicios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están obligados a colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de las medidas de intervención de comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real o de entrega de datos conservados de equipos de comunicación móvil, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, deberán contar con la capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar las medidas señaladas”.

Enrique Peña Nieto declaró el pasado 17 de enero que ya se dio un primer paso con la entrega de cuatro proyectos legislativos al Congreso de la Unión para “redefinir las facultades del Ejército y la Marina”. Dijo además que “tenemos que seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas y, sobre todo, darle mayor certidumbre jurídica a su actuación en labores de seguridad interior”.

“Quiero reiterar mi absoluto respaldo a los planteamientos expresados por el general Salvador Cienfuegos y el almirante Francisco Soberón en diversos foros, en torno a la relevancia de legislar en la materia”, indicó Peña Nieto.

En efecto, como en ningún otro gobierno postrevolucionario, los titulares de la Sedena y de la Semar han realizado un atípico e intenso cabildeo, llegando al extremo de pactar con el PRI el desechar las iniciativas sobre Mando Único y la reglamentación del Artículo 29 sobre “el Estado de excepción” de los derechos humanos, para dar prioridad a la de Seguridad Interior.

El PRI prometió a los titulares castrenses que tal iniciativa se aprobaría en la Cámara de Diputados antes del 30 de abril de este año.

Se ha pretendido justificar la normalización de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad argumentando la debilidad de las fuerzas civiles de policía, sin embargo, la iniciativa no justifica la razón por la cual resultaría necesario que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas de vigilancia que le corresponden a autoridades civiles.

El Dip. Fed. Jorge Ramos Hernández, del PAN, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y ex Presidente Municipal de Tijuana (2007-2010), expresó en tribuna el mes pasado: “Esta iniciativa (de Ley de Seguridad Interior) tiene como fuente un caso de éxito aplicado en Baja California, replicado en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez (…) en un esquema de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles (…) logramos sacar a la Ciudad de Tijuana del primer lugar en incidencia delictiva en América Latina (…) y en un lapso de 22 meses disminuir la incidencia delictiva en un 39 por ciento (sic)”.

Posiblemente en aras de abonar a su posible candidatura a la gubernatura de Baja California, Jorge Ramos vuelve a la carga con el gastado y falso discurso de presumir a Tijuana como “modelo de seguridad” durante su administración municipal, sin mencionar que en esos años se registró el más alto índice de tortura en el país, cometida por la policía municipal bajo el mando de Julián Leyzaola, y el ejército.

Así, “dar certeza jurídica” a las fuerzas armadas representa, para los promotores de estas iniciativas, legalizar la irrupción castrense en asuntos de Seguridad Pública, bajo el pretexto de que son acciones de “Seguridad Interior”.

Para envidia de Donald Trump…

  • *Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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