Organizaciones rechazan nueva política migratoria de México

México abandona su tradición hospitalaria ahora persigue y criminaliza solicitantes de asilo.

0
148

En el Día Mundial de los Refugiados las organizaciones de sociedad civil expresamos nuestro rechazo a la nueva política migratoria del gobierno federal como resultado del acuerdo económico/migratorio firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos de América.

México históricamente ha sido un país solidario con los(as) refugiados(as), sin embargo, hoy en día nos hemos alejado de esa tradición. La criminalización, la persecución y las deportaciones masivas caracterizan ahora una política migratoria cada vez más semejante a la que aplica nuestro vecino del norte en perjuicio de la migración mexicana.

No estamos de acuerdo en la manera en que se ha colocado a las personas solicitantes de asilo y migrantes, en su mayoría familias, como moneda de cambio en una negociación aberrante donde se pondera el valor de las mercancías sobre la vida y la dignidad de las personas.

Observamos con preocupación que el discurso presidencial, en un principio humanista y solidario hacia la migración ahora se torna por un lado, en crueles medidas de contención con un muro militar en la frontera sur; y por el otro, en el abandono institucional de quienes solicitan asilo en EE. UU. y son retornados a México bajo el programa conocido como “Remain in México” a esperar su largo proceso sin ninguna protección, mucho menos atención humanitaria.

La política migratoria del Estado Mexicano bajo la actual administración evidencia una estrategia basada en la detección, detención y deportación, de lo cual, da cuenta el despliegue masivo de fuerzas militares para sellar la frontera sur y deportar diariamente a 1500 personas. Estos operativos son violatorios de los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos y de nuestra propia normatividad lo cual es sumamente preocupante en virtud de que han anulado el derecho a buscar protección internacional de miles de familias que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen.

Cabe precisar que la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados consagra el derecho de un refugiado a ser protegido de un regreso forzoso, o devolución, y en su artículo 133 enuncia:

«Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.»

Las organizaciones de sociedad civil también lamentamos y hacemos patente nuestro rechazo a la criminalización contra personas defensoras de derechos humanos de las y los migrantes, por ello también hemos decidido cerrar filas para brindar la ayuda humanitaria donde se requiera, así como documentar y atender las violaciones a derechos humanos que ya estamos presenciando con consecuencia de tan desafortunada estrategia anti inmigrante de los gobiernos de México Y EE. UU.

Reiteramos que las organizaciones firmantes somos conscientes del sufrimiento que estas medidas ocasionan a las personas migrantes y solicitantes de asilo, por ello nos constituimos en espacios libres de violencia y discriminación donde ofrecemos servicios gratuitos y sin fines de lucro o partidistas, de atención psicológica, orientación jurídica en materia migratoria y de asilo, canalización a albergues, servicios médicos y apoyo para la inclusión en la comunidad.

Creemos sumamente urgente que el gobierno federal convoque a organismos internacionales que velan por los derechos humanos para que brinden asistencia técnica en la implementación de una estrategia de atención a la migración acorde al respeto por la vida, integridad y dignidad de todas las personas.

Así mismo, solicitamos claridad no sólo con la estrategia de securitización para detener la movilidad humana, sino con los protocolos de actuación de la Guardia Nacional, Marina, SEDENA, y demás fuerzas policiales comisionadas al cumplimiento de estas medidas orientadas a la contención del flujo migratorio, esto con la finalidad de evitar la comisión de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

Por último, señalamos como indispensable e impostergable se clarifiquen las políticas públicas que implementará el Estado mexicano en materia de salud, educación, trabajo, inclusión social y regularización migratoria.

Tijuana, Baja California, 19 de junio de 2019

Firmantes:

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here