Tijuana-BC | Celia García – CdTj


La propuesta de Ley de Amnistía promovida por Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, no busca proteger a criminales y violadores sino es en defensa de los grupos vulnerados por el crimen organizado, afirmó tajantemente Antonio Attolini, analista político y representante de esta coalición.

“Es un principio de justicia restaurativa, social y mucho más sensible, que suponer que ya están las respuestas dadas desde el poder y mandar a los militares a hacerlo; no es un decreto,  es una ley y busca recuperar la legitimidad perdida para beneficiar a los más vulnerados y los más lastimados por esta guerra, que han sido los jóvenes,  las mujeres y los campesinos”, puntualizó.

En entrevista con CiudadTijuana tras un encuentro que sostuvo con jóvenes de Morena, explicó que Ley de Amnistía, es una ley que está consagrada en las facultades constitucionales del Congreso en el artículo 73, fracción 22,

Se puede implementar una ley de amnistía siempre y cuando se den por enterado los tribunales, no es un decreto desde el poder, es una ley que se implementa desde el congreso sancionada con apego a derecho.

Por tanto el congreso es el ente que está facultado, para emitir una ley de amnistía, la cual proteja a los sectores más vulnerables por la delincuencia organizada.

Esta ley requiere por un lado, establecer el universo de destinatarios y los supuestos de actualidad que van a ser que haya una amnistía. Es decir a quien le vamos aplicar las amnistía: jóvenes, migrantes, mujeres y bajo qué supuestos. Por complicidad, por asociación, por vinculación, siempre y cuando estos delitos, no hayan generado ni violencia, ni impacto nocivo a la comunidad, planteó.

Indicó que Andrés Manuel no va a liberar a asesinos y a violadores, ya que si alguien pretendiera hacerlo en México está restringido por las convenciones internacionales de derechos humanos para que la amnistía no se pueda aplicar a delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad.

Antonio Attolini detalló que esta ley pretende ayudar a jóvenes  y campesinos que son obligados a servir al crimen organizado a los que les imponen sentencias hasta por 30 años, incluso.

“Estamos hablando del joven de 18 años que cuidaba una casa de seguridad, los llamados halcones, desde el momento en que haya una redada a una red de  narcotraficantes, esta persona por estar afuera de la casa como velador, está siendo sentenciado a 35 años por delincuencia organizada en una cárcel federal”.

“El que siembra por necesidad  u obligación  cultivos de amapola, solo está sembrando hortalizas, no está matando y entonces estas personas que son los pobres de los pobres, quienes no han podido por el abandono sistemático y generacional del campo otra posibilidad más que sembrar amapola, son procesados como delincuentes internacionales y metidos a la cárcel 30 años”, agregó.

El representante de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que ante un caso en donde se tratará de peligrosos delincuentes al servicio de la delincuencia organizada serán los tribunales quienes decidirán su sentencia.

“Hemos asumido que hay una malignidad evidente de quienes forman parte de la delincuencia organizada, no es el Zeta 40, no es Mayo Zambada,  no es del Azul,  son casi 500 mil personas que desde 2010 están participando en la delincuencia organizada, generalmente jóvenes, que no tienen otra cosa que hacer más que participar de esa actividad económica, pero que deben ser sancionados de acuerdo a derecho”, acotó.

El analista político y ex vocero del movimiento yo soy #132 dijo que no es posible seguir estigmatizando a las personas, a quien se ve como narco, a quien se ve como asesino, sino que  es el derecho, los tribunales y las leyes los que deben determinar las responsabilidades.

“Pero creo que a quien se le determina una responsabilidad penal como el joven que cuidaba a fuera de la casa de seguridad; o el campesino que estaba plantando “hortalizas”; o el migrante que fue detenido porque no traía sus papeles; o el que es metido a la cárcel por homicidio sin sentencia, cuando  no hay evidencia para ello,  en ambos casos deben de tener un proceso de reincorporación a la sociedad a partir de un ejercicio crítico del Estado y ofrecerles amnistía”, puntualizó.

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