CNDH y PGR deben investigar el depósito de 300 cadáveres en un trailer

Piden CEPAD y CLADEM sanción a responsables

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Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República investiguen las violaciones a los derechos humanos y se finquen responsabilidades a las autoridades de Jalisco, en el caso de los 300 cuerpos depositados en un tráiler.

Así lo demandan el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas “Por amor por Ellx” y las organizaciones civiles de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y Comité de América para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Jalisco (CLADEM), y además solicitan la destitución del Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, para que no interfiera las investigaciones.

Tras manifestar su rechazo e indignación por este hecho, solicitan una investigación exhaustiva y se sancione a las personas responsables quienes conforman el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado de Jalisco, para que el caso no quede en impunidad.

Además, que la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco convoque a una reunión interinstitucional para informar a los colectivos de familiares de personas desaparecidas y a las organizaciones sociales de tal situación.

Consideraron que los hechos que han indignado a no sólo a Jalisco sino al país y al mundo entero, demuestra el trato que la Fiscalía General del Estado le ha dado, durante años a los familiares de las personas desaparecidas y su nulo compromiso con las acciones de investigación para dar con el paradero de sus seres queridos.

La falta de recursos a las instituciones involucradas en investigar la situación de la desaparición de personas en la entidad, demuestra claramente que la violencia en el estado, a pesar de su magnitud, no es una prioridad.

Sobresale su incapacidad operativa, debilidad institucional y ausencia de coordinación y comunicación.

Destacaron que la violencia e impunidad que ha caracterizado a la entidad en los últimos doce años es resultado de la corrupción e impunidad de los gobiernos estatales y municipales, dejando a la sociedad en general a merced de las organizaciones criminales y de la delincuencia común, al grado que desaparecer a una persona no puede tener más consecuencias que la conciencia de quien la comete.

SEM/em/sj

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