Una bajacaliforniana, vigilante de los derechos de las personas con discapacidad en México

Se trata de María de Lourdes López Sánchez

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María de Lourdes López Sánchez

En noviembre de 2017 se realizó el proceso final de selección de quienes serían parte del Comité de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una acción encabezada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diversas organizaciones y activistas participaron desde sus respectivas entidades para elegir a las 15 mujeres y hombres que serían parte de ese organismo de carácter honorario por tres años, de las cuales cinco de acuerdo a las bases reglamentarias, deben ser especialistas y el resto miembros de la sociedad civil que representaran al menos uno de los tipos de discapacidad: motriz, visual, auditiva, cognitivo-intelectual, y mental o psicosocial.

Una vez consolidado el grupo, se daría paso a la generación de estrategias concretas para garantizar los derechos de este amplio sector de la población (6%, Inegi, 2014), mediante una estructura que debe ser respaldada por las comisiones defensoras de los derechos humanos de cada estado de la república mexicana.

El pasado 4 de diciembre se dieron a conocer los resultados, siendo que entre los expertos se eligieron a Diana Lara Espinosa (motriz), Gerardo Araiza Garaygordobil (motriz), Janett Jiménez Santos (visual), Sofía Galván Puente (psicosocial) y Verel Elvira Monroy Flores (motriz).

En lo que respecta a los representantes sociales, quedaron: Alan Hernández Sánchez, Zeferina Catalina Torres Cuevas, María de Lourdes López Sánchez, Sonia Elena Zúñiga López, Alberto Luciano Arriaga Garibay, Cecilia del Carmen Cardiel Escamilla, Erick Álvaro Arellano Arellano, Víctor Aarón Pedraza Rodríguez, Víctor Lizama Sierra y Valeria Mendoza Huerta.

A todos se les dio el nombramiento en enero de 2018 y el 10 de julio fue el acto protocolario para la toma de protesta en la Ciudad de México y será hasta septiembre cuando inicien de manera formal los trabajos de vigilancia, armonización y revisión de todo lo que se ha realizado hacia y por las personas con discapacidad desde el ámbito gubernamental, de tal forma que este esfuerzo ciudadano se vea reflejado en informes solicitados por la Organización de las Naciones Unidas a todos los estados parte.

Baja California en el comité

El Comité tiene una representatividad distribuida en cuatro zonas: este, oeste, sur y norte, siendo esta última encabezada por una bajacaliforniana, María de Lourdes López Sánchez, directora de la Asociacion de Qigong de Baja California -dedicada a la terapia con medicina china-, quien además es integrante de la Coalición por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ensenada.

A la activista le corresponderá participar e intervenir en acciones de carácter nacional, pero en particular atender las peticiones y propuestas de la gente en situación vulnerable de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, además de la entidad del noroeste donde radica.


Referencia normativa 

Artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006):
aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.

2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos , mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos,
los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.

3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.

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