Proponen la creación de un instituto centralizador para personas con discapacidad

Desaparecería el Conadis | Autoria: Isaías Plascencia*

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Han pasado casi ocho años desde que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo en la Cámara de Senadores ya se encuentra en comisiones la revisión de una iniciativa que promueve la creación del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad y la desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis, 2011).

Este documento legislativo con proyecto de decreto, se presentó el 12 de febrero de 2019 a través de la senadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el estado de Puebla, Nancy de la Sierra Arámburo, quien propone la reforma de 29 artículos clave y el agregado de otros a la Ley surgida durante la gestión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN).

Se argumenta que este sector de la población, que de acuerdo al Inegi en 2014, representaba el 6.4% del total nacional, lo que equivalía a 7.65 millones de personas, “ha visto sus derechos vulnerados de manera reiterada” como resultado de la desinformación y “un enfoque erróneo para abordar su condición”.

También se indica que “resulta urgente contar con una institución con mayores atribuciones”, lo que de acuerdo a la “exposición de motivos” en la que sostiene esta amplia modificación, se lograría garantizar la protección de los Derechos Humanos y por ende acceder a educación, salud y empleo, dando paso a la inclusión y su “participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad mexicana y el desarrollo de una vida digna”, todo enmarcado en la transversalidad.

El primer artículo que sería ajustado es el segundo, algo que se daría con el cambio textual de “Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, por el de “Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad”, dando así por terminada la existencia del Conadis con sede en Ciudad de México y que daría inicio a un organismo que podría llegar a tener presencia nacional y por lo tanto la erogación de recursos millonarios para mantener este aparato gubernamental, contrario a la política de austeridad y administración eficiente del Gobierno Federal actual.

Igual se plantea que la Secretaría de Salud emita “Normas Oficiales Mexicanas y criterios que determinen la accesibilidad en la infraestructura, la información, equipo médico y servicios necesarios para atender a las personas con discapacidad en el sector salud, público y privado”, lo que significa una sutil regresión al espectro médico-asistencialista, en el que se antepone un diagnóstico sobre la ausencia de enfermedades o no para evaluar y avalar si existe la discapacidad, cuando desde un amplio marco conceptual, debiese considerarse el funcionamiento (CIF, ONU) y el enfoque Contexto Circunstancial (Plascencia, Isaías. 2018).

Para el artículo 16 se establece que con la reforma se procedería a la elaboración de un Plan Nacional de Accesibilidad enfocado al desarrollo urbano y de vivienda, con lo que se impulsaría la elaboración de reglamentos para instalaciones públicas o privadas, cuando mucho de eso ya ha sido plasmado en congresos estatales y desde el ámbito federal, sin embargo, el desconocimiento o incumplimiento en cuanto a su aplicación, ha sido la constante.

Del artículo 20 en adelante se expresan modificaciones para que en materia de cultura, estadística, deporte, empleo y vivienda, se generen acciones que beneficien a mujeres y hombres en situación de discapacidad, sin tomar en cuenta al parecer, que esto ya está marcado en leyes federales y hasta estatales, incluyendo su reglamentación, pero debido a la falta de seguimiento y carencia de manuales o guías, mucho de lo que debe ser, no se ha realizado.

La búsqueda de un instituto ha sido una constante desde hace años por varias asociaciones civiles y grupos políticos, lo que ha debilitado al Conadis desde su aparición, pues el escaso presupuesto asignado, además de la fragilidad e insuficiencia de sus facultades a ser una institución sin la fuerza para trascender a través de sus acciones.

Esta iniciativa parece ser una centralización de la atención a personas con discapacidad, segregándolas y apartándolas del resto de la gente para la prestación de uno o varios servicios que ahora se debiesen brindar en cualquier área de los tres órdenes de gobierno, bajo un trato de igualdad, pero con el pleno reconocimiento y respeto a la diversidad, de lo contrario todo indica la proximidad a un acto legal de una etérea autodiscriminación canalizada por un complejo esquema de acuerdos en los que la inclusión es la parte incomprendida y mal entendida, un escaparate.

+ ¿Acaso la aplicación de la parte reglamentaria vigente no podría bastar para hacer las cosas bien y así evitar caer en la «necesidad» o necedad hacia la creación de una quimera burocrática más?


* Isaías Plascencia tiene las licenciaturas en Periodismo y Administración de Empresas, así como una Maestría en Educación; además es director de medios informativos con un enfoque en derechos humanos; también es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California.

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