Ciudad de México {Gema Villela Valenzuela-Cimac


La senadora Pilar Ortega Martínez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), presentó el pasado 8 diciembre un punto de acuerdo para exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de los estados a implementar el Protocolo de Actuación para los juzgadores en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

La senadora refirió cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que existen 650 millones de personas con discapacidad en el mundo, mientras que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que hay 5 millones 700 mil personas con discapacidad en México, de las cuales 53.3 por ciento son mujeres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detectó que las principales barreras que tienen las personas con discapacidad son el acceso a la justicia, ello en el marco de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad celebrado el 3 de diciembre pasado y de los casi 10 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En entrevista con Cimacnoticias, la magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), María del Carmen Carreón Castro consideró que este punto de acuerdo sería una manera de recordarle a los juzgadores que existen protocolos que pueden utilizar y mencionar en sus sentencias.

La magistrada explicó que no cuentan con datos estadísticos ni registros de las sentencias en las que se haya utilizado el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, pero indicó que este instrumento está en tercer lugar de los protocolos más consultados en la SCJN.

El primer protocolo más estudiado es el de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de las personas indígenas, y el segundo es el que sirve para juzgar con perspectiva de género, señaló.

Carreón Castro anunció que para promover que las personas con discapacidad conozcan sus derechos, una de las acciones que presentarán el año próximo es la versión de la Constitución mexicana en formato accesible, con pictograma, audio y lengua de señas.

Además realizarán un registro nacional de personas con discapacidad que viven en México, a fin de crear políticas públicas que correspondan a sus necesidades.

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