Tijuana-BC { Isaías Plascencia – CdTj

El uso indebido de recursos para la construcción de rampas destinadas a la atención de personas con discapacidad en la colonia La Morita, fue motivo de la denuncia interpuesta en contra de dos funcionarios públicos del XXI Ayuntamiento de Tijuana.

Ante Derechos Humanos y Sindicatura Social

El procedimiento jurídico fue presentado este miércoles ante la CEDHBC y Sindicatura Social por José Manuel García Arreola consejero estatal del Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad del Estado de Baja California, en el que se señala a Roberto Sánchez Martínez, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Tijuana, así como a Norman Borquez Domínguez, director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, como principales responsables.

Las rampas

En el documento dirigido a Bernabé Esquer Peraza, Síndico Social Municipal, se expresa a manera de antecedente que en abril de 2016 tras la inauguración de diversas obras realizadas por el Gobierno Municipal por 35 millones de pesos al sur de la ciudad, se adecuaron 130 esquinas como rampas en apariencia accesibles para mujeres y hombres con alguna deficiencia física o sensorial para facilitar su movilidad en la zona.

No obstante, García Arreola, sostiene que los accesos encementados no cumplen las normas técnicas complementarias a la Ley de Edificaciones publicadas el 18 de octubre de 2013, esto luego de haberse demostrado la obstrucción por árboles, teléfonos públicos y postes de luz, además de no contar con el ancho y la pendiente adecuada.

La opinión de SIDUE

Como resultado de un estudio técnico solicitado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, (SIDUE), la autoridad corrobora las fallas y condiciones inadecuadas del lugar para el libre tránsito, además hace saber que estas se han mantenido el lugar por un tiempo prolongado y sin la atención correspondiente a los espacios destinados para los peatones, como banquetas y cruceros.

En opinión de la funcionaria que elaboró el dictamen, se indica que este tipo de obra no debería realizarse dadas las deficiencias detectadas, por lo que de llevarse a cabo, la solución brindada sería costosa.

“No se deberían destinar recursos a este de tipo de obras en lugares donde no se soluciona la problemática, siendo esta posible solución demasiado costosa. Es evidente que deben aplicarse cuando la situación urbana lo permita sin cambios no tan radicales, asimismo en obras nuevas vigilar que cumpla con la normatividad”, se concluye en el documento oficial.

Uso indebido de recursos y discriminación

“El dinero público debe gastarse de manera que beneficie a la población. No solo quedarse con el dinero es uso indebido de recursos públicos, lo es también el gastarlo de manera incorrecta y sin consultar, ya que de la forma que lo hicieron vulneran los derechos de la personas con discapacidad en su derecho a la libre circulación, a la accesibiliad, por lo que este motivo de discriminación”, aseveró José Manuel García Arreola.

Deben resarcir el daño

“Queremos que se haga la pertinente investigación y se sancione a los culpables, obligándolos a resarcir el daño provocado al erario público y en específico al dinero utilizado para hacer los ajustes razonables para las personas con discapacidad”. puntualizó.

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