Carta a AMLO, a un año de la sentencia de la Suprema Corte en materia de Publicidad Oficial

El próximo gobierno, que entrará en funciones el 1° de diciembre, tiene la oportunidad de retomar el tema

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Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador
Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE

Hoy se cumple un año desde que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión a regular el uso de la publicidad oficial, tras un amparo interpuesto por Artículo 19.

La LXIII legislatura tenía hasta el 30 de abril de 2018 para emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional bajo los criterios establecidos en la propia sentencia y la Constitución. Sin embargo, el proceso de elaboración de la ley fue una simulación por parte del Congreso, ya que no se consideraron las recomendaciones y opiniones formuladas por el Colectivo #MediosLibres,[1]así como de las Relatorías especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los órganos constitucionalmente autónomos, Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, el 26 de abril en una discusión pactada, se aprobó la Ley General de Comunicación Social, legalizando e institucionalizando las malas prácticas de la publicidad oficial. Posteriormente, el 11 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la mencionada ley que entrará en vigor el 1° de enero de 2019.

A un año de la histórica sentencia de la Corte, las malas prácticas siguen ocurriendo e imperando en las relaciones entre medios de comunicación e integrantes del sector público ya que, actualmente, y aún con la publicación de la Ley General de Comunicación Social, no se tiene ninguna regulación en la asignación de la pauta en publicidad oficial. Al no tener una reglamentación vigente tras el mandato expreso de la SCJN, la libertad de expresión y el derecho a la información son vulnerables a transgresiones.

Dicho lo anterior, es menester que tanto el poder ejecutivo como el legislativo tengan presente en su agenda el tema de la publicidad oficial bajo ejercicios democráticos y participativos, atendiendo las necesidades reales de una problemática pública que tiene años bajo una relación perversa entre los medios y los distintos gobiernos en sus distintos niveles.

El pasado 25 de octubre el colectivo #MediosLibres presentamos públicamente nuestra iniciativa de Ley General de Publicidad Oficial, en la cual integramos las bases mínimas sobre la regulación de publicidad oficial y libertad de expresión. Hemos hecho la invitación a todos los grupos parlamentarios a que se sumen a esta iniciativa y la impulsen bajo un modelo de parlamento abierto en el cual existan mesas de discusión y participación ciudadana.

El próximo gobierno, que entrará en funciones el 1° de diciembre, tiene la oportunidad de retomar el tema sobre el cual ya se ha pronunciado en los 50 puntos sobre austeridad y combate a la corrupción, donde menciona que “se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno”. Deben existir condiciones para el diálogo y para la construcción democrática de una legislación que obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo tanto, a una año de la sentencia, exhortamos tanto al Ejecutivo entrante como al Congreso de la Unión ya en funciones, a atender este tema pendiente y a dar una respuesta al Colectivo #MediosLibres sobre la iniciativa presentada para poder así, avanzar en el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información.

[1]                Integrado por organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas, académicos y especialistas en la materia.

Atentamente, el Colectivo #MediosLibres

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