Tijuana-BC / Léxica


En Baja California es preocupante ver como los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado no cumplen con transparentar los contratos de arrendamiento, las licitaciones de obra pública, las adquisiciones, adjudicaciones y compras que realizan, señaló Héctor Cruz.

El abogado civilista y especialista en Gestión y Políticas Públicas, dijo que aún y cuando entre la ciudadanía existe conciencia sobre la necesidad de invertir en determinadas obras, hay molestia al darse cuenta que las obras y servicios que se licitan quedan en manos de los amigos, compadres y familiares de los funcionarios públicos, así como de empresas foráneas.

El descontento crece, indicó, porque aquí en la región existen empresas con capacidad y solvencia para ser consideradas; y por ello es necesario que se dé ya el nombramiento del Fiscal Estatal Anticorrupción con la mayor transparencia posible, con autonomía e independencia de los intereses de cualquiera de los poderes del estado y de los partidos políticos, para que pueda velar por los verdaderos intereses de los ciudadanos y del debido ejercicio de los recursos públicos.

Refirió que el derecho de acceso a la información pública es una garantía establecida en nuestra máxima ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual existe una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho a que cualquier ciudadano que desee conocer información sobre algún tema de interés donde se encuentren invertidos recursos públicos o sobre información de carácter publica pueda hacerlo.

“Esta ley garantiza que cualquier información que se encuentre en posesión de alguna entidad gubernamental ya sea del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos o fondos de carácter público, así como de cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos, pueda ser transparente ante los ojos de la ciudadanía, lo cual conlleva que si algún ciudadano quiere saber cuánto dinero se invirtió en alguna obra o programa de gobierno, pueda conocer no solo el monto de inversión sino también el mecanismo utilizado para seleccionar al proveedor de dichos servicios.

Sin embargo, aun cuando existen mecanismos para transparentar las acciones de Gobierno establecidos en esta Ley, en los hechos y ante los ojos de la ciudadanía, los gobernantes lejos de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, buscan la manera de ocultar las irregularidades en el gasto público, lo cual genera corrupción e impunidad”, manifestó.

Destacó que de acuerdo a Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, de las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país peor evaluado; ni la implementación de la primera etapa del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido suficiente para frenar los escándalos de corrupción en todo el país.

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