Grupo Minarete respalda a Hernández Niebla al frente del CCSPBC

La organización civil se suma a las objeciones del proyecto C5i

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“El Grupo Minarete” que coordina Humberto Inzunza, se pronunció en favor de la postura que ha asumido el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) en voz de su presidente Juan Manuel Hernández Niebla, de manifestar su total oposición a la construcción de la Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), que impulsa el Gobierno del Estado como estrategia para combatir los problemas de inseguridad en Baja California.

El grupo manifestó su respaldo al presidente del CCSPBC, Juan Manuel Hernández Niebla, en las acciones emprendidas de carácter legal y de manifestación pública, debido a la serie de inconsistencias detectadas por el Consejo en los presupuestos del proyecto, pero sobre todo por la fakta de transparencia y opacidad que el Gobierno del Estado ha mantenido sobre el tema.

Durante la reunión de trabajo con el “Grupo Minarete”, Hernández Niebla compartió con los asistentes cifras actuales sobre el proyecto, información incluida en el amparo interpuesto en contra del C5i, así como de propuestas que el Consejo ha desarrollado a la par para combatir la inseguridad desenfrenada que vive el estado.

El coordinador del “Grupo Minarete”, Humberto Inzunza comentó que “debe ser imprescindible que un proyecto como el C5i incorpore a grupos de la sociedad civil para tomar este tipo de decisiones de manera incluyente”; al explicar que los principios que inspiran al grupo son la transparencia en la gestión pública, el combate a la corrupción y a la impunidad; mencionó que en este tema la actitud del Gobierno no ha sido la más indicada, toda vez que han permitido que se instrumente una campaña de denostación en contra del Presidente del CCSPBC por ser crítico en el proyecto.

En ese sentido, el “Grupo Minarete” exaltó el trabajo del Consejo para exigir a las autoridades que velen por la seguridad de los ciudadanos y que la “inversión” en una obra de tal naturaleza en las condiciones actuales, es un serio riesgo a las finanzas bajacalifornianas, dado que está basada en una deuda pública de alrededor de 700 millones de pesos en un sistema que no garantiza la disminución de la inseguridad con la que vivimos los ciudadanos de Baja California, los que aquí residen y los turistas que nos visitan.

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