Hasta 12 años de prisión a quien cometa delito de desplazamiento forzado interno

En los últimos años más de 300 mil personas tuvieron que desplazarse de manera interna, debido principalmente a la violencia

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Con el fin de imponer penas de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa a la persona que cometa el delito de desplazamiento forzado interno, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de la Comisión de Justicia que modifica el Código Penal Federal.

La reforma que adiciona un capítulo tercero denominado “Desplazamiento Forzado Interno” al título Decimoctavo “Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas”, y adiciona el artículo 287 Bis al ordenamiento, señala que comete este delito quien de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo, realizado contra una persona o grupo de personas, ocasionen que abandonen su lugar de residencia.

El dictamen avalado en lo general y particular con 429 votos a favor y turnado al Senado de la República, cita que la pena aumentará hasta una mitad cuando el delito se cometa en contra de una niña, niño, adolescente, persona defensora de derechos humanos y periodistas.

Aclara que no se entenderá por desplazamiento forzado interno el movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por mandato judicial.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Cayetano García (Morena), secretario de la Comisión, dijo que la movilidad forzada está calificada como una de las crisis humanitarias más importantes y representa uno de los grupos poblacionales desprotegidos.

Este sector enfrenta situaciones de pérdidas materiales, afectaciones psicológicas, sociales, ruptura familiar, desintegración de vínculos sociales, culturales, dificultad para acceder al sistema educativo; además, las personas que huyen no tienen garantizados sus derechos humanos, principalmente alimentación, vivienda, educación y salud.

Subrayó que este fenómeno rompe dramática y trágicamente el tejido social. Ocurre de manera masiva o individual y repentina o gradual.

Detalló que el individual, o gota a gota, es el desplazamiento invisible que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad de origen de manera aislada y discreta, como consecuencia de atentados hacia la integridad de su familia, o para escapar del riesgo que significa vivir en una determinada comunidad insegura o violenta. El masivo; es decir, movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por una misma causa, ocurre después de un ataque dirigido a los habitantes de una comunidad.

Afirmó que la violencia es la razón para que cada vez más personas tengan que abandonar sus hogares y se encuentren en situación de extrema desprotección y vulnerabilidad.

A pesar de ello, aseguró que no existe una ley que lo regule como un hecho generador de violaciones de derechos humanos y establezca los mecanismos de prevención. Los estados que han publicado leyes sobre prevención y atención de desplazamiento forzado interno son: Chiapas y Guerrero; sin embargo, en ambas entidades no existe reglamentación que permita delinear políticas y programas de gobierno que beneficien a los desplazados, por lo que leyes resultan inoperantes.

Además, en la Ley General de Víctimas se hace referencia a este fenómeno al reconocerlo como violación de derechos humanos; no obstante, se estima que debe ser considerado como hecho victimizante autónomo, subrayó.

Cayetano García aseveró que son los defensores de derechos humanos quienes más sufren de este ataque debido a la defensa contra los abusos de poder hacia las minorías, oponiéndose a las barreras tradicionales para los derechos de las mujeres y personas con identidades de género u orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad, y combatiendo condiciones laborales abusivas.

También los periodistas están más propensos de ser amenazados y a sufrir algún tipo de violencia, ataque o agresión, debido a la actividad que realizan y porque no gozan de buenas condiciones laborales, medidas de protección y protocolos de seguridad.

“Es responsabilidad del gobierno prevenir este delito y asistir a las víctimas en su reinserción a la sociedad de forma satisfactoria, reparando los daños, toda vez que este fenómeno debe ser entendido como una desprotección de facto del Estado por prever medidas necesarias que eviten que la persona o grupo de personas sean víctimas de las diversas formas de violencia, y no haber establecido las condiciones y los medios para el retorno seguro de quien haya sido desplazado”, puntualizó.

El diputado afirmó que con esta reforma se muestra solidaridad a los desplazados, y demuestran a la sociedad que nadie debe ser ajeno a su circunstancia de zozobra y dolor, “porque, de otra manera, ni la sociedad ni el Estado podrán reestablecer lo que el deterioro de valores y conducta pública han provocado”.

Al fijar la postura de su fracción parlamentaria, el diputado de Morena, Sebastián Aguilera Brenes, aseguró que esta reforma es una herramienta jurídica fundamental para que las autoridades puedan proteger a las poblaciones, además, enfrentar, perseguir y sancionar a aquellos que generen condiciones para forzar a las familias a cambiar sus lugares de residencia.

“Tenemos la gran oportunidad de saldar una deuda histórica con los más vulnerables, es por eso que los invito a que votemos a favor del derecho de los mexicanos a vivir en paz”, añadió.

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés (PAN) afirmó que es obligación apoyar proyectos legislativos que permitan combatir el desplazamiento, anteponiendo siempre la dignidad de todas las personas, independientemente de postura ideológica o partidista.

Por ello Acción Nacional se manifiesta a favor porque “no podemos permanecer pasivos ante estos lamentables hechos. Estamos convencidos de que se requieren acciones en defensa de las comunidades y es necesario que los culpables no queden impunes”.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) dijo que el dictamen es uno de los cimientos para perfeccionar el marco jurídico y la necesidad de que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir una ley general que regule el tema, con base en estándares internacionales y organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Subrayó que es indispensable elaborar un registro nacional de personas en esta condición. “Acompañamos la propuesta, pero avancemos en el marco integral de un problema tan grave”.

Del PES, el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, afirmó que urge la creación de un ordenamiento jurídico de acuerdo con los estándares internacionales de protección a personas que internamente son desplazadas de sus comunidades y en concordancia con lo que establecen organismos mundiales de derechos humanos y las propias organizaciones afines a las Naciones Unidas.

Convocó a los legisladores a que apoyen porque es un primer paso de un cambio jurídico normativo a la ley para evitar toda forma de desplazamiento forzado.

La diputada Ana Ruth García Grande (PT) consideró que se tiene que hacer un ejercicio de unidad y ver por qué se encuentran en esta situación y ofrecerles garantías de seguridad.

“Quiero hacer un llamado para que todos coincidamos en la necesidad de que el dictamen sea aprobado, siga su curso legal, sea ley para que haya certeza y garantía para todos que desafortunadamente han sido desplazados de su lugar de residencia”, agregó.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del grupo parlamentario de MC, celebró que en estos temas tan sensibles no existan colores partidistas y se haya sacado adelante este dictamen en favor de los mexicanos, de su paz y tranquilidad.

Es pertinente que se establezcan las sanciones en el Código Penal y sea ésta una situación disuasiva de esta atroz vulnerabilidad que ha afectado a miles de personas, consideró.

La legisladora Claudia Reyes Montiel (PRD) expresó que es un gran paso para la atención de uno de los fenómenos más graves que se han producido en el país debido al incremento de los índices delictivos y de la violencia.

Puntualizó que el PRD empeña su mayor esfuerzo para la construcción de una ley que permita la atención integral de este fenómeno. “Celebramos el amplio consenso del que goza el dictamen dado que se trata de una construcción colectiva de todos los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia”.

El legislador Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) mencionó que en los últimos años más de 300 mil personas tuvieron que desplazarse de manera interna, debido principalmente a la violencia; ante ello, aseguró: “Los legisladores tenemos la responsabilidad y obligación de generar condiciones propicias para crear políticas públicas de prevención y atención que ofrezcan soluciones viables a los problemas, sobre todo, a la problemática social”.

Afirmó que su grupo parlamentario está comprometido con el respeto de los derechos humanos y la generación de condiciones que permitan restablecer el tejido social en las comunidades más afectadas por la violencia. “Acompañaremos con nuestro voto a favor porque se atenderá de manera frontal un fenómeno social que desgraciadamente se presenta en México”.

En la discusión, la diputada María Teresa López Pérez (Morena) aseguró que durante años los gobernantes tuvieron oídos sordos a reclamos, necesidades y demandas de las y los desplazados: dieron la espalda a esa realidad; por ello, es tiempo de reconocer la problemática y actuar desde los tres poderes y niveles de gobierno. “Llegó la hora de dar protección y certeza a las víctimas”.

De la misma fracción parlamentaria, la legisladora Julieta Kristal Vences Valencia expresó que el desplazamiento forzado es el destierro moderno, apartarse del suelo, de las personas, de las historias y de los recuerdos, para salvar la vida. Por tales razones es necesario tipificar el delito en el Código Penal Federal.

Del partido Encuentro Social, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil consideró que no es un tema menor, no se trata en este caso de colores partidistas ni de ideologías políticas, así que todos los grupos parlamentarios deben estar a favor porque es una asignatura pendiente por resolver. “Se trata de ir avanzando en un tema muy sensible; la violencia, inseguridad e impunidad son parte de la debilidad de nuestro Estado de derecho”.

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