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miércoles, diciembre 12, 2018
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Justicia para Berta Cáceres, justicia para el planeta

Por María Colín 

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Todos los días, en cada rincón del planeta, personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente se enfrentan a la vigilancia, criminalización, amenazas, hostigamiento, arrestos arbitrarios y la violencia por parte de gobiernos y empresas.

Las y los defensores de la vida son también asesinados por proteger su tierra y territorio, por defender el agua, los bosques y selvas, la biodiversidad, nuestro planeta. La organización Global Witness ha puesto el dedo en la llaga en su último informe ¿A qué precio?, que para 2017 reportó el asesinato de, al menos, 207 ambientalistas en todo el mundo; aunque esta ONG considera que la cifra real de asesinatos es seguramente mayor.

En este contexto, el juicio por la muerte de Berta Cáceres que comienza en Tegucigalpa, Honduras, el próximo 17 de septiembre es mucho más que el juicio a un caso aislado. Es un juicio que trasciende a la situación en Honduras y que apunta de lleno a otros muchos conflictos como son colusión entre gobiernos y empresas; impunidad de las grandes empresas que hacen y deshacen incumpliendo la ley, a las entidades financieras internacionales que las financian y a los gobiernos que se inhiben y miran para otro lado; a la corrupción.

En la noche del 2 de marzo de 2016 varios sicarios entraron en la casa de Berta Cáceres Zúñiga, asesinando a la líder indígena e hiriendo de gravedad al ambientalista mexicano Gustavo Castro. Transcurridos más de dos años, el próximo lunes 17 de septiembre comienza el juicio contra 8 personas acusadas de ejecutar y planificar el crimen. Los actores intelectuales, de momento, no serán juzgados.

Berta era defensora de los derechos del pueblo indígena Lenca y encabezaba la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, proyecto aprobado en 2013 y que pone en riesgo la supervivencia de estas comunidades. Berta y su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH) eran los principales opositores a esta infraestructura, ese activismo llevó al asesinato de Berta Cáceres, y al día de hoy, la criminalización y el hostigamiento a los miembros de COPINH continúa.

Los sicarios contratados para matar a Berta y de intentar matar a Gustavo fueron detenidos a los pocos meses. Posteriormente han sido detenidos algunos responsables de la planificación del crimen. Pero ante la falta de avances en el proceso judicial, en noviembre de 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas  (GAIPE) hizo público su informe donde relataba los resultados del análisis de los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los teléfonos de las personas imputadas.

El informe concluyó que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres había comenzado en noviembre de 2015. Además, el análisis de GAIPE señala que tanto la empresa encargada de la seguridad del proyecto, contratada por la constructora del proyecto hidroeléctrico (DESA, Desarrollos Energéticos S.A.), como las autoridades hondureñas y las entidades financiadoras jugaron un papel crucial en la trama que acabó con su vida.

El juicio de Berta podría ser un punto de inflexión. Su juicio puede visibilizar al resto de mujeres y hombres que están viviendo una situación parecida a la que vivió Berta antes de que la mataran. El caso de México no es nada alentador. Durante 2017, la situación empeoró con un aumento de 3 a 15 asesinatos de defensores ambientales en comparación a 2016; de las 15 personas acribilladas, 13 eran indígenas que defendían sus territorios ancestrales, según cita el estudio de Global Witness.

Parte del problema es el aumento del crimen organizado, la impunidad, la corrupción y el fracaso del gobierno en proteger a las personas defensoras frente a proyectos extractivos, incluyendo tala ilegal, minería, monocultivos y otras actividades industriales en sus tierras; aunado a la inadecuada implementación del marco nacional e internacional de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la falta de consentimiento previo, libre e informado, así como de medidas de protección para las personas defensoras del medioambiente.

Por eso reclamar ¡Justicia para Berta Cáceres! es reclamar un marco internacional que impida que las defensoras del medio ambiente tengan que pagar con su vida. Este y otros crímenes no pueden quedar impunes. En este sentido, urge la aprobación por parte de Naciones Unidas de un marco jurídico vinculante sobre empresas y derechos humanos que evite situaciones como las que se están viviendo en numerosos países donde las empresas desarrolladoras de megaproyectos actúan con total impunidad.

Desde la alegría y felicidad con que luchó Berta, hoy nos toca a nosotros seguir diciendo que ¡Berta Vive! y que no vamos a cesar en poner en primer plano la defensa del planeta y las personas, por delante de los intereses económicos de las empresas.

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