Mujeres migrantes pasan años en cárceles por crímenes que no cometieron

Graves violaciones a DH en frontera sur de México

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Ciudad de México | Cimac


Ellas vinieron a México para buscar una vida mejor, pero en vez de eso fueron víctimas inocentes de una policía y una fiscalía que buscaba presentar éxitos en su “lucha” contra el crimen organizado. Tal es el caso de seis mujeres migrantes que pasaron años en la cárcel por crímenes que no cometieron, aseguraron organizaciones civiles.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova presentaron el informe “Criminalización de Mujeres Migrantes”, en el cual muestran graves violaciones a los Derechos Humanos de mujeres migrantes en el sur de México.

El informe pone el caso de las seis mujeres en contexto con la política migratoria del Estado mexicano en la frontera sur. Expone que el objetivo central es el control de flujos migratorios, con una militarización de amplias zonas fronterizas de México y Guatemala.

Esta política es respaldada por los Estados Unidos, nación que tiene gran interés de contener migrantes centroamericanos lejos de su frontera, y ha dado miles de millones de dólares para el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras. Las organizaciones civiles han notado que las detenciones, deportaciones y violaciones graves de Derechos Humanos han aumentado en los últimos años.

Por ejemplo, 188 mil 595 personas han sido detenidas en 2016, comparado con 86 mil 298 en 2013, muchas de ellas demandantes de asilo político, mujeres, embarazadas, niñas y niños. Las políticas restrictivas del mayor control afectan sobre todo a grupos de mayor vulnerabilidad, concluye el informe.

En este marco también se puede ver la detención de mujeres migrantes y su vinculación con delitos penales. El Estado mexicano tiene grandes deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales para atender el delito de trata, constatan las y los autores.

Hay un aumento considerable de sentencias, pero no necesariamente se está procesando a tratantes, sino a los explotadores o las propias víctimas, y el acceso a la justicia de las acusadas es difícil, sobre todo para mujeres indígenas.

Uno de los ejemplos que da el informe es el de Guadalupe Pérez Rodríguez, una indígena Mam de Guatemala, de 52 años. Se trasladó con su familia a Motozintla, Chiapas, hace veinte años. Era empleada de un bar donde lavaba los trastes cuando la detuvo la policía.

Agentes estatales entraron al bar y se llevaron a las mujeres empleadas y clientas, los hombres que se encontraron ahí no fueron detenidos. Guadalupe fue llevada al Ministerio Público pensando que los policías sólo la iban a entrevistar. Le presentaron papeles y pidieron que los firmara. Ya que Guadalupe no sabía leer ni escribir, dio su huella digital.

Fue trasladada al reclusorio femenil en Tapachula, acusada de trata de personas y corrupción de menores, basado en el dicho de los policías, su propia declaración, y los testimonios de las otras detenidas que más tarde se retractaron refiriendo que los policías las obligaron a firmar.

Guadalupe nunca recibió el apoyo de un o una intérprete, como es su derecho. No fue informada del derecho a asistencia consular. El juez no consideró la retractación, diciendo que debía prevalecer la primera declaración, aun cuando las testigas mencionaron que fueron coaccionadas.

Aunque también menciona las circunstancias en que fueron criminalizadas las seis mujeres, y destaca la discriminación y violencia que han vivido antes y después de su detención, el informe de las organizaciones se concentra en las violaciones al debido proceso. La intención es hacer incidencia, para que no vuelva a pasar.

El patrón de todos estos casos de falsa detención es similar. Las víctimas fueron mujeres en condiciones vulnerables, por su estatus migratorio el trabajo en bares es uno de los pocos accesibles en el lugar. Sufrieron un trato degradante de parte de oficiales, en algunos casos fueron golpeadas, una de ellas sufrió tortura sexual.

Todas fueron obligadas o engañadas a firmar papeles en blanco, o declaraciones inculpatorias. Dos de ellas fueron exhibidas en medios de comunicación como delincuentes, también una violación de sus derechos, según las y los autores. Durante su tiempo en prisión, enfrentaron más obstáculos por su condición de migrante. Todas fueron separadas de sus hijos e hijas, una de las niñas se quedó en condición de calle mientras que su madre permanecía en prisión.

De los seis casos, sólo una mujer permanece en reclusión hasta el día, dos salieron porque fueron declaradas inocentes, y tres a través de una comisión interinstitucional llamada Mesa de Reconciliación que tiene facultad de suspender la sentencia, aunque eso significa que mantienen sus antecedentes penales y tampoco tienen  posibilidad de exigir una reparación integral del daño.

El informe sostuvo que es necesario luchar contra la trata de personas, pero subrayó que las investigaciones tienen que ser  llevadas a cabo con altos estándares científicos, y que las juezas y los jueces tienen que respetar plenamente las garantías judiciales.

“De no ser así, la fabricación de culpables seguirá siendo una realidad, y con ello la impunidad seguirá prevaleciendo”, concluyen las y los autores quienes hacen algunas recomendaciones a las autoridades federales, estatales, y órganos públicos. Entre ellas está realizar una revisión completa de todos los procesos penales iniciados contra mujeres en el estado de Chiapas, con el propósito de identificar casos de encarcelamiento injusto.

Además, demandan iniciar investigaciones inmediatas cuando servidores públicos cometan delitos vinculados con la detención de personas, como las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles. En cuanto al proceso, en caso que se alegue tortura o coacción, excluir las pruebas relacionadas y ordenar que se realice una investigación al respecto.

Y, entre muchas demandas más, que a las mujeres que han sido acusadas injustamente de delitos se les garantice el derecho de obtener su residencia por razones humanitarias.

18/SG/LGL

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