San José-Costa Rica | SemMéxico


Margaret May Macaulany, comisionada representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dijo que la severidad de la violencia infringida a mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, es emblemática por la tortura a la que fueron expuestas.

Durante la audiencia pública celebrada la mañana del 16 de noviembre, cinco de las 11 mujeres que promueven el juicio contra el Estado mexicano, presentaron su testimonio sobre los hechos ocurridos entonces durante un desalojo de horticultores y habitantes de esos municipios que realizaban una protesta.

La comisionada representante señaló que el Estado mexicano violó al menos tres tratados internacionales, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Durante el primero de dos días en que sesionará la Corte, las víctimas de los hechos de Atenco narraron, una a una, la forma en que fueron, insultadas, intimidadas, golpeadas y sometidas a tortura sexual al momento de ser detenidas y trasladadas a los centros de detención.

Entre una y otra de las cinco mujeres que expusieron sus casos, las imágenes de los hechos ocurridos en 2006 se agolpaban en su memoria y eran coincidentes en sus narraciones que en algunos momentos les mostró vulnerables por el dolor que producía el recuerdo, pero solo por momentos, ellas proyectaron una imagen de estoicismo y reclamaron justicia.

En la Corte también fueron recurrentes las frases que revelaron la actuación omisa de las autoridades, desde médicos hasta el de una funcionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, quien se negaba a admitir los relatos de las víctimas al grado tal que señalaba que no era verdad.

Cabe señalar que, en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el Informe de Fondo 74/15 en el que exigió al gobierno mexicano investigar los grados de responsabilidad de quienes actuaron en las agresiones contra las mujeres que además de ser agredidas sexualmente sufrieron detención carcelaria, una de ellas por dos años.

La Comisión recomendó al Estado investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares.

En suma, de las más de 200 personas detenidas, al menos 50 eran mujeres y 31 denunciaron haber sido agredidas sexualmente; hoy y mañana 11 darán su testimonio ante esta Corte, que dará su veredicto en 2018.

Entre las detenidas se encontraban las once denunciantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

La Corte admitió el caso Atenco desde noviembre de 2011 y en el informe del Pasado de octubre de 2015, resolvió a favor de las peticionarias, declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con diversos organismos defensores de derechos humanos, la resolución del caso es una oportunidad para contar con medidas concretas para atacar las fallas estructurales del sistema de justicia en México, evidenciadas en la grave crisis de derechos humanos que vivimos hoy: la tortura generalizada, especialmente la sexual; la impunidad en las violaciones a derechos humanos y los delitos; la falta de controles adecuados sobre los cuerpos de seguridad y la nula rendición de cuentas de los responsables políticos, todos estos temas fundamentales para la creación de un modelo ciudadano de seguridad.

En cuanto a la denegación de justicia, reflejada en el 98% de impunidad de los delitos en México, la CIDH podrá ordenar al Estado implementar medidas estructurales para mejorar la investigación de violaciones a derechos humanos, como garantizar la independencia de las y los especialistas que documentan casos de tortura y fortalecer los controles sobre los cuerpos policiales –especialmente controles externos que aseguren independencia e imparcialidad, como se recomienda a nivel internacional- antes, durante y después de los operativos, para prevenir y sancionar los abusos y los excesos en el uso de la fuerza.

Específicamente en el tema de género, la Corte podrá desarrollar los tipos de violencia sexual que pueden constituir tortura, -una grave violación a los derechos humanos que es reconocida por la ONU como generalizada en México -así como las obligaciones de los Estados de investigar y sancionar tales actos. Los criterios de la Corte podrán ser retomados como una herramienta para guiar la aplicación de la ley general contra la tortura en nuestro país.

Además, la revisión del caso podrá ordenar la eliminación de las disposiciones en diversos estados de la República que hoy criminalizan la protesta, adecuando el marco normativo interno y modificando la práctica de las detenciones masivas.

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