Ciudad de México | Greenpeace


En nuestro país las medidas de bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) han fallado o resultan ineficaces para garantizar la salvaguardia de la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Así lo denunció la organización ambientalista Greenpeace México al presentar el reporte “Bio (in) seguridad en México en el que se analiza el caso del  Permiso de soya transgénica para Monsanto y la siembra ilegal de soya en el estado de Campeche.

Como resultado de este trabajo se confirmó la presencia de soya GM en polígonos de Campeche no autorizados a Monsanto (como es el Municipio de Campeche, Campeche) así como la liberación  de un evento transgénico no solicitado por la empresa ni autorizado por la autoridad (MON-89788-1);  además se constata la permisividad de la autoridad agrícola a la comercialización del producto de la siembra ilegal de soya GM para consumo humano o uso industrial, como “medida de urgencia” al considerar que el evento gozaba de autorización sanitaria, convalidando actos de naturaleza ilícita cometidos por agricultores que sembraron dicho  cultivo, prohibido por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sentencia de noviembre de 2015; ausencia de procedimientos de inspección y vigilancia e infracciones a las casas semilleras señaladas como las que vendieron los insumos de semillas de soya GM en la región, entre otras violaciones al marco de bioseguridad en México.

“Lo que vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, así como laxitud en la aplicación de sanciones penales y administrativas, tanto a funcionarios que se abstienen de aplicar la ley como a aquellos que la emplean “a modo”, o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos GM de manera ilegal, lo que permite que se extienda la contaminación transgénica en nuestro país”, denunció María Colín, campañista legal de Greenpeace México.

Este escenario de ilegalidad muchas veces avalado, e incluso fomentado por las autoridades nacionales beneficia los intereses de las empresas agroindustriales, en este caso del gigante comercial Monsanto, denunciado ante un Tribunal Internacional de conciencia en octubre de 2016 en La Haya, Países Bajos;  así como en el reciente Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza.

A este listado de ilegalidades se suma la carencia de información pública y la enorme opacidad de la actuación gubernamental, además de una serie de obstáculos para su acceso por parte de la ciudadanía, en general, y por las comunidades mayas, en lo particular, aun cuando son afectadas directas  por la siembra ilegal de soya GM.

A pesar de las declaraciones de Monsanto y agricultores locales que no sembrarían soya GM en 2017, mediante denuncia ciudadana presentada ante el Senasica el 13 de noviembre pasado, integrantes de las comunidades de Campeche y ONG documentaron nuevamente la presencia ilegal de soya GM en 23 mil hectáreas del Estado, aproximadamente.

Los escenarios que podrían explicar la presencia de semillas o plantas de soya GM para el ciclo agrícola 2017 son: a) Agricultores que guardaron semilla de soya GM del ciclo agrícola pasado podrían estarla sembrando; b) Distribución de semillas de soya convencional con presencia adventicia de soya GM por parte de las casas semilleras; c) Comercialización de la semilla de soya GM para consumo humano o uso industrial como ocurrió para la cosecha de 2016; d) Medidas de bioseguridad nulas o insuficientes para evitar la propagación de plantas de soya GM por diversos mecanismos de difusión a través de comercialización, almacenamiento, movilización, plantas voluntarias o el simple intercambio de semillas entre agricultores

 “Es preocupante que a treinta años del inicio de la bioseguridad en México, se observen situaciones de ignorancia, incapacidad o dolo en la vigilancia y evaluación de los  OGM en el sector salud, agrícola y del ambiente”, expresó el Dr. José Antonio Serratos, experto en bioseguridad.

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