Ciudad de México | Hazel Zamora Mendieta-Cimac


En la montañas de los Altos de Chiapas al suroeste de México, en condiciones inhumanas y sobreviviendo a temperaturas extremas de frío, se calcula que más de 5 mil personas entre mujeres embarazadas, niñez y adultos mayores se escoden de los grupos paramilitares por el conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

El pasado 21 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil en Chiapas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, fueron alertadas sobre el desplazamiento forzado de los pueblos tzotzil de Chalchihuitán y Chenalhó.

La disputa por el territorio entre ambos municipios comenzó hace más de 40 años, recordó el Centro de Derechos Fray: en 1975 el municipio de San Pablo Chalchihuitán obtuvo el reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) y fue beneficiado con 17 mil 948 hectáreas de terreno, y como complemento, en 1981 se entregaron 252 hectáreas más.

La población del municipio colindante, San Pedro Chenalhó se inconformó por el reparto de tierras porque no se respetaron los limites naturales del río Mashilhó y los antiguos documentos de los pueblos indígenas e interpuso una demanda en 2005, actualmente sigue en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez (expediente 181/2005).

Hasta ayer el Frayba informó en un comunicado que únicamente de la localidad de Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y  de Chenalhó –comunidad de influencia zapatista- se estima son al menos 300 personas.

De acuerdo con los registros de la asociación civil, el conflicto se agravó el 13 de noviembre tras el ingreso de grupos armados a la región de Chalchihuitán. Las familias huyeron de las balaceras y se reguardaron en los montes de los Altos de Chiapas, donde permanecen incomunicadas y con miedo de ser localizadas.

Al sobrevivir bajo temperaturas frías y condiciones inhumanas, hay personas enfermas, principalmente recién nacidos, niñez y personas adultas, además urge la atención médica para 114 mujeres embarazadas, según los registros del Frayba.

En las imágenes y entrevistas que han difundido las organizaciones que ingresaron a los montes, se observan a niñas y niños durmiendo en el pasto, a mujeres calentando la escaza comida en campamentos construidos con ramas y lonas, personas adultas y niñez reposando por alguna enfermedad. Los únicos médicos que hay son los chamanes de las comunidades.

La situación empeora porque el municipio de Chalchihuitán está sitiado y la única carretera que conecta con San Cristóbal de las Casas está bloqueada, por lo que es imposible proveer de ayuda, alimentos y medicinas sobre todo para las mujeres, niñas, niños y adultos mayores, reportaron las asociaciones.

El Frayba documentó las comunidades y personas que fueron desplazadas de Chalchihuitán: de Ch’en Mut 700 personas (8 mujeres embarazas); de Pom más de 2 mil personas y 100 mujeres embarazadas; Tzomolton son 800 personas y 6 mujeres embarazadas; C’analumtic 600 personas; Bejelton 150 personas; Tulantic 350 personas; Vololch’ojon 150 personas; Cruz c’ac’al nam 200 personas; y Cruz ton 73 personas desplazadas.

El Centro de Derechos Humanos informó que ha recurrido a las instancias internacionales, envío una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazamientos Internos, Chaloka Beyani, ambos de Naciones Unidas.

Hasta el momento el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello no se ha pronunciado al respecto y tampoco se conoce sobre la intervención del gobierno, por el contrario, las organizaciones civiles alertaron que las personas de la comunidad refieren que ha habido cortes de energía eléctrica e intervenciones de otros grupos armados.

A 20 AÑOS DE MASACRE EN ACTEAL

El miedo de la población y de las organizaciones civiles es que el enfrentamiento culmine en otra matanza como la ocurrió casi 20 años atrás en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó.

El 22 de diciembre de 1997 –en la presidencia del priista Ernesto Zedillo- un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, entre mujeres, hombres, niñas y niños, miembros de la Sociedad Civil Las Abejas, cuando hacían una jornada de ayuno y oración por la paz de Chiapas.

El caso fue acompañado por el Centro Frayba y lo presentó en 2005 ante la CIDH. Cinco años después la Comisión Interamericana lo admitió (Informe 146/10 “Manuel Santiz Culebra y otros Masacre de Acteal”).

El director del Frayba, Pedro Faro Navarro, relató en una audiencia pública de la CIDH –un mes antes de ser aceptado- que en 1996 inició una nueva etapa del conflicto armado interno en Chiapas como respuesta a la creación del Municipio Autónoma Rebelde Zapatista de San Pedo Polhó.

Para minar el apoyo de la población civil a la guerrilla en las zonas de los Altos, el gobierno actuó a través de acciones paramilitares.

Según la información que dio la organización, la masacre fue planeada varios días antes por el Ejército mexicano y su Fuerza de Tarea Arcoíris comandada por el General Mario Renán Castillo, la estrategia fue revelada en un documento conocido como “Plan Campaña Chiapas 94”.

El 22 de diciembre a las 11 horas en Acteal, en el campamento de desplazados “Los Naranjos”, los paramilitares del grupo “Máscara Roja” asesinaron a 18 mujeres adultas, cuatro de ellas embarazadas, 7 hombres, 16 mujeres menores de 17 años de edad, y 4 niños entre los 15 y 2 años.

Sin embargo, el Estado mexicano sostiene que el conflicto se trató de una riña intercomunitaria e incluso interfamiliar. Hasta ahora no se ha sancionado o investigado a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

ACUSAN INTERESES POLÍTICOS

Por su parte la asociación Centro de Derechos Humanos Ku’untik,  acusó en un pronunciamiento que los grupos paramilitares actúan por los intereses de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien dijeron, “disputa las tierras colindantes con Chalchihuitan y persigue a sus opositores”.

La parroquia de Chenalhó también se pronunció en un comunicado y dijo que el conflicto es parte de las acciones de los gobiernos estatales, por lo que pidió a las comunidades dialogar y permanecer en paz, e hicieron un recordatorio de la matanza de Acteal.

El Centro Frayba coincidió, “es clara la responsabilidad de los distintos niveles del gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia”, concluyó.

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