Ciudad de México | SemMéxico


El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), destacó en su informe “Implicaciones del Paquete Económico 2018” que los recursos para ejecutar la política pública han disminuido, ya que el gasto público en general, en salud y educación siguen con “tendencia a la baja”.

El análisis del CIEP detalla que para 2018, aunque el presupuesto propuesto es mayor que el año anterior, este incremento no alcanza a compensar el efecto inflacionario y el aumento de la población, a través del tiempo.

Explica que a pesar de que el Ejecutivo Federal propone gastar 5,236,375.6 millones de pesos (mdp), lo que en términos reales significa 2.2 por ciento más, de lo que se aprobó el año anterior, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2018, “si se decidiera repartir equitativamente el presupuesto entre” toda la población mexicana a cada persona le “tocaría 41,979.10 pesos; esto es, 2,748.94 pesos menos de lo que se gastó por persona en 2013”, advierte.

Por lo que, el CIEP afirma que con el paso de los años, los recursos disponibles para proveer de bienes y servicios a la población, que impactan directamente a la ciudadanía “han decrecido”.

Expone que en 2013 el gasto programable representaba el 21 por ciento del PIB; para 2018 se propone asignar 16.9 por ciento a este rubro, “esta reducción también ha ido en detrimento de los sectores productivos, especialmente, agricultura, comunicaciones y transportes, combustibles y energía, la inversión y algunos otros subsidios; lo que tendrá efectos, en contra del crecimiento, en el mediano y largo plazo”.

En el gasto público destinado a la salud, el Centro de Investigaciones precisa que mientras que en 2013 era equivalente al 3.5 por ciento del PIB, para 2018 se propone un gasto de 568 mil 577 mdp, equivalentes al 2.5 por ciento del PIB.

Por lo que afirma que la asignación de recursos refleja la regresividad de la política del gasto en salud.

“Los recortes a la Secretaría de Salud, 4.6 por ciento menos en comparación al PEF 2017; y en particular, al Seguro Popular, 3,019 mdp menos que en el PEF 2017; tienen mayor incidencia en la población con menores ingresos”, indica el Informe.

Por otro lado, señala que “el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que atienden a poblaciones con un mayor nivel de ingresos, presentan aumentos a su presupuesto por 6,420 y 21 mdp, respectivamente”.

En cuanto a la educación, el CIEP puntualiza que para 2018 se propone gastar en educación 1.4 por ciento menos que lo aprobado para 2017.

Advierte que la educación superior es la más afectada a raíz de este recorte “el PPEF sugiere disminuir los subsidios para las universidades estatales, mantenimiento de infraestructura”.

“En cuanto al modelo educativo, esta propuesta prioriza los recursos para Escuelas al CIEN, autonomía de gestión y pago de servicios profesionales en educación normal, este último probablemente relacionado con la contratación de maestros de inglés”.

Sin embargo, el análisis recalca que “disminuyó el presupuesto para inclusión y equidad educativa, así como formación y desarrollo profesional docente. De 2013 a 2018 el gasto ejercido para educación básica y media superior ha disminuido 1.2 por ciento y 6.6 por ciento, respectivamente”.

Por su parte, la investigadora Cecilia Toledo Escobar, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, destaca en un artículo del portal Sin Embargo que “ante este panorama desolador para las mujeres, es preciso cuestionar al gobierno mexicano si con esta asignación presupuestal prevista se puede lograr cumplir con las obligaciones internacionales de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, y de manera específica a la salud materna, sexual y reproductiva”.

La investigadora explica que “hay que tomar en cuenta que actualmente la población de mujeres en México en edad reproductiva representa el 62 por ciento, mujeres en edades entre 15 a 59 años, el 54 por ciento cuentan con afiliación al Seguro Popular y que además, concentra muchos de los servicios, algunos incluso relativos a la atención de urgencias a mujeres y de embarazos de alto riesgo”.

En la publicación Cecilia Toledo en sostiene que “de mantenerse la tendencia de asignar recursos presupuestales sin aumentos significativos después de la reducción de más del 10 por ciento que se registraron en 2017, el Estado mexicano no estaría cumpliendo con su responsabilidad de asignar el máximo de recursos presupuestales disponibles para la realización de estos derechos de manera progresiva”.

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