Conflicto agrario en Chenalhó ha provocado 5 muertes de niñas y mujeres

Ayuda humanitaria no llega para embarazadas

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Chenalho
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

Tuxtla Gutiérrez-Chiapas | Ángeles Mariscal-SemMéxico


Personas desplazadas de las 8 comunidades de Chalchiuitán afectadas por este problema de límites con Chenalhó, rechazaron el dictamen del Tribunal Agrario dado a conocer el pasado 13 de diciembre, en el que se les quita su derecho a la tierra donde vivieron hasta antes de su desplazamiento forzado.

Insisten en que de acuerdo a los títulos primordiales de principio de siglo XX, esa tierra en la que tienen sus viviendas y sus campos de cultivo, ha sido parte de Chalchiuitán, aún cuando ahora legalmente el Tribunal Unitario Agrario le da la titularidad de la tierra a Chenalhó.

Las personas que tuvieron que desplazarse de sus comunidades, dijeron que no aceptarán la reubicación ni el dinero que les ofrece el gobierno (hay que señalar que se trata de no más de 50 mil pesos por familia). Informaron que impugnarán el dictamen del Tribunal Unitario Agrario ante el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una asamblea realizada en la plaza central de ese municipio, explicaron que “las autoridades afirmaron que es mentira que haya ganado Chenalhó, que hay un empate, porque no fue en favor de uno ni de otro, pero la gente se rió”, aseguraron los pobladores consultados. Agregaron que otro acuerdo tomado es que cambiarán de abogado, con el argumento de que “no ganaron el caso porque el defensor no hizo bien su trabajo”.

DEPRESIÓN Y EFECTOS EMOCIONALES

Raymundo Luna Pérez, de 18 años de edad, originario de la comunidad Chenmut, Chalchiuitán, ingirió un herbicida para suicidarse luego que cayó en depresión a causa del desplazamiento forzado que enfrentaban junto con otras 5 mil personas a las que el Tribunal Unitario Agrario les negó el derecho a la tierra que habitaron hasta el día de su expulsión, ocurrida el 18 de octubre pasado.

La salud física y emocional de los desplazados se agrava cada día, explicaron organismos defensores de Derechos Humanos y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes dan asistencia médica y llevan alimentos que ciudadanos y comunidades han donado, a las personas desplazadas.

El pasado 17 de diciembre, a 3 meses de que tuvieron que abandonar sus viviendas, la muerte de Raymundo Luna se sumó a la de otras 10 personas que han fallecido tras el desplazamiento al que han sido sometidos, como consecuencia de la disputa por la tierra que sostienen con sus vecinos de Chenalhó.

En el caso de Raymundo, de acuerdo a su padre, Mariano Luna, estuvo sometido al estrés y depresión producto del desplazamiento, hasta que el pasado 3 de diciembre intentó suicidarse al ingerir el herbicida. Su padre lo localizó momentos después, y logró que médicos lo atendieran. Sin embargo no se recuperó, y tras dos semanas de convalecer, el pasado domingo falleció.

También han fallecido Catarina Sánchez Pérez, por sufrimiento fetal; Ernestina Sánchez Pérez, recién nacida, su madre se encontraba viviendo bajo lonas; Adriana de Jesús Pérez Pérez, de dos años y Maura Pérez Luna, de un año, por enfermedades respiratorias y hambre.

Domingo Girón Luna de 70 años, Marcelino Gómez López de 80 años, María Domínguez Gómez de 57 años y Mariano Pérez Aguilar de 67, han muerto por enfermedades respiratorias y por hambre. A estas muertes se suma la de Samuel Luna García, quien murió asesinado el 18 de octubre, cuando inició el desplazamiento forzado.

Diversos organismos humanitarios que trabajan en Chiapas exigieron a los gobiernos federal y estatal el urgente reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno para que eso obligue a las instituciones a la utilización y aplicación de protocolos efectivos que garanticen la seguridad e integridad personal a las personas desplazadas.

Piden de manera urgente la instalación de campamentos específicos para desplazados, condiciones de seguridad para evitar que sigan siendo amedrentados por los civiles armados que los expulsaron de sus comunidades, y para garantizar ayuda humanitaria integral y la búsqueda de garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

El gobierno de Chiapas, por su parte, informó ayer a través de un comunicado de prensa, que solicitó ayuda de la ONU para asistir a las personas desplazadas. En el mismo comunicado anunció que “para inicio de 2018” llegará a esta región, personal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que buscará poner en marcha la producción de alimentos en la zona donde están los desplazados.

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