Ciudad de México | Artículo 19


El fotorreportero de nota policiaca Edgar Daniel Esqueda Castro, colaborador de los medios Vox Populi y Metrópoli San Luis, fue asesinado después de haber sido privado ilegalmente de la libertad en San Luis Potosí, San Luis Potosí.

El 5 de octubre, aproximadamente a las 8:30 horas sujetos armados entraron al domicilio del periodista, en la colonia Julián Carrillo, sometieron a un familiar y lo sustrajeron con violencia de la recámara donde dormía con su esposa. Los perpetradores portaban uniformes de la Policía Ministerial y no informaron de la razón de su acción ni presentaron documento alguno que justificara su actuar.

Frente a familiares le dijeron: “Párate ya, Edgar. Ya nos vamos.” Esqueda les preguntó quiénes eran. “Somos policías ministeriales”, respondieron. Después de ser sustraído, los sujetos regresaron al domicilio por el teléfono celular del periodista.

Esta mañana el cuerpo de Esqueda fue encontrado, con signos de tortura, por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (PGJE SLP) en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de la capital del estado.

Sin una investigación diligente, técnica ni exhaustiva, las autoridades de la PGJE SLP deslindaron la participación de fuerzas estatales en las agresiones. Por medio de Twitter, esta dependencia aseguró que la Policía Ministerial del Estado (PME) no realizó “ninguna acción policial en contra de un reportero de la capital.”

A pesar de los indicios de participación de agentes estatales en la desaparición del periodista, no existe evidencia de la activación efectiva de los protocolos necesarios de búsqueda y localización durante las primeras horas para dar con su paradero y salvaguardar su integridad física.

Una actuación efectiva y oportuna de las autoridades, tanto locales como federales, pudo prevenir su asesinato y, con ello, evitar la privación del derecho de la sociedad a la información sobre temas de seguridad pública en la entidad de San Luis Potosí.

Fuentes que se mantienen anónimas relataron a ARTICLE 19 que Esqueda tuvo incidentes de seguridad en meses previos. En julio, policías ministeriales agredieron al periodista cuando cubría un tiroteo: le retuvieron su cámara y su credencial de elector para registrar sus datos. Incluso, uno de los agentes le dijo en tono amenazante “que le bajara (sic)”.

De acuerdo con sus colegas, Esqueda causó era incómodo para algunos elementos de la Policía Ministerial por su trabajo. Diversas fuentes reportaron a ARTICLE 19 que por estas agresiones, el periodista interpuso quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH SLP) y el Comité Estatal de Protección a Periodistas.

No es la primera vez que la violencia se utiliza para censurar a periodistas que cubren cuestiones de interés público en San Luis Potosí. En 2016, ARTICLE 19 documentó acoso y hostigamiento contra el periodista Jaime Nava, de La Jornada de San Luis, por investigar actos de corrupción.

La desaparición forzada, la tortura y el asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro se agravan por el conocimiento particular y previo de las agresiones previas en su contra por parte de autoridades de varios niveles del Estado Mexicano. El conocimiento de precedentes de riesgo y agresiones en este caso se suma a los ominosos casos de los periodistas asesinados este año, Cecilio Pineda, en Guerrero, y Cándido Ríos, en Veracruz, en los que diversos órganos de gobierno tuvieron conocimiento de incidentes de seguridad previos y por acción u omisión violaron derechos de garantía a la debida protección y al ejercicio de la libertad de expresión. En un segundo plano, las agresiones contra Esqueda exhiben de nueva cuenta las limitaciones y fallas de la política de protección a periodistas en México, así como la falta de garantías de no repetición debido a la impunidad imperante que permite la escalada de agresiones contra periodistas culminen en su asesinato.

Esqueda Castro se convierte en el undécimo periodisra asesinado en lo que va de 2017, alcanzando la cifra de asesinatos registrada el año pasado. De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado el asesinato de 111 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. De estos, 38 se han registrado durante el actual periodo del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual demuestra que a pesar de que el mandatario anunció oficialmente las “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores” en mayo pasado, son sólo retórica sin indicadores de impacto efectivo; los asesinatos contra la prensa continúan al mismo nivel que en 2016 y aún faltan 3 meses para concluir el año.

Por lo anterior, ARTICLE 19 exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), emprender una investigación diligente, técnica, objetiva, exhaustiva e imparcial que tome en cuenta la labor periodística como línea principal de investigación, así como los indicios de participación de fuerzas de seguridad de la Policía Ministerial de San Luis Potosí en los crímenes. Esta investigación debe garantizar los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño de su familia. Para ello, es fundamental que se realice un plan de investigación y se garantice en todo momento la preservación de datos de prueba esenciales para el esclarecimiento de los hechos.

De la misma manera ARTICLE 19 exige al Comité Estatal de Protección a Periodistas y al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), brindar información en versión pública sobre las acciones, gestiones y comunicaciones que se establecieron con autoridades estatales relativas a su conocimiento oficial de agresiones previas en contra de Esqueda. En el mismo sentido deben acordar e implementar medidas coordinadas de protección para la familia del periodista y los medios de comunicación para los cuales laboraba.

Además, ARTICLE 19 insta al gobierno del estado de San Luis Potosí, por medio de su ejecutivo Juan Manuel Carreras, a que implemente políticas públicas a nivel local que impidan la repetición de graves violaciones de derechos humanos contra periodistas y del derecho de la sociedad para poder acceder a información relevante de interés público. Asimismo, se exhorta a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal a que provea de información veraz, relevante y precisa a la sociedad acerca de este crimen que vulnera el derecho a la libertad de expresión, en un marco de pleno respeto a los derechos de los familiares del periodista en su calidad de víctimas.

Ante la evidencia de que la CEDH SLP no implementó acciones eficientes tras el conocimiento de las agresiones previas a manos de agentes estatales, exhortamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraiga la investigación por las posibles violaciones a derechos humanos, incluyendo aquellas vinculadas con la falta de debida diligencia en la investigación ministerial.

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