Madrid-España | SemMéxico/Amecopress


Cada año, 44 millones de mujeres deciden terminar de forma voluntaria su embarazo (la mayor parte en países en vías de desarrollo) y de ellas 47 mil mueren debido a abortos inseguros y otros cinco millones sufren lesiones graves. Sólo en América Latina, las víctimas de abortos inseguros suponen un 24 por ciento del total de muertes relacionadas con el embarazo y el parto, un índice que en muchos países de África Subsahariana asciende al 30-40 por ciento.

En el Día Mundial por la Despenalización del Aborto, que se celebra hoy 28 de septiembre en todo el mundo, Alianza por la Solidaridad defiende que el poder de las mujeres para decidir, de forma libre, sobre sus cuerpos, la sexualidad y la reproducción constituye uno de los derechos humanos fundamentales. La ONG, que lleva 30 años trabajando por los derechos de las mujeres en todo el mundo, recuerda que es un derecho garantizado en acuerdos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer y el Programa de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, donde se recoge que el acceso al aborto seguro, legal y accesible es, junto a elementos como el acceso a anticonceptivos y la educación sexual, condición indispensable para que las mujeres puedan disfrutar de éste y otros muchos derechos.

Alianza por la Solidaridad considera fundamental que desde los gobiernos se tomen medidas para eliminar las normativas que limitan el acceso al aborto y que obligan a las mujeres a llevar a término embarazos contra su voluntad o a realizarse operaciones clandestinas e inseguras.

Hoy, 22 millones de abortos se realizan cada año en condiciones de riesgo y en su mayoría son mujeres pobres y jóvenes que optan por interrumpir un embarazo no deseado sin garantías. El propio relator especial de la ONU reconoce que hay una relación directa entre abortos inseguros y el grado de restricción que rige sobre este derecho.

Hay que tener en cuenta que el 25 por ciento de la población mundial vive en regímenes jurídicos que prohíben el aborto en todos los supuestos o sólo lo permiten para salvar la vida de la mujer, frente al 39% que vive en países donde el aborto es libre. En total, seis de cada 10 mujeres no pueden decidir en libertad. Sin embargo, se ha comprobado que las leyes restrictivas influyen poco o nada en el número de abortos que se realizan. En América Latina y África (donde es ilegal en la mayoría de los países), la proporción de mujeres que abortan es más alta que en Europa Occidental, donde está permitido: de cada mil mujeres en edad reproductiva, 32 abortan en América Latina, 29 en África y 12 en Europa Occidental. Pero si las restricciones y penalizaciones no afectan al número, si lo hacen en sus condiciones: la penalización obliga a las mujeres a buscar abortos clandestinos y peligrosos para su salud.

Las 47 mil mujeres fallecidas anualmente y las cinco millones que sufren lesiones graves visibilizan el impacto estas leyes penales que restringen un derecho y son causa de muertes evitables, de morbilidad y mala salud (incluida la salud mental, ya que las mujeres corren el riesgo de acabar en penas de prisión).

Alianza por la Solidaridad considera un paso importante que este año en Chile se haya aprobado una despenalización del aborto en tres supuestos (violación, riesgo de vida de la mujer, e inviabilidad fetal de carácter letal), si bien recuerda que aún hay limitaciones al derecho a decidir, pues no hay despenalización total. Lo mismo ocurre en Bolivia, donde el Código Penal se está reformando para que puedan acceder al aborto mujeres con pocos recursos económicos o estudiantes, pero donde sigue habiendo detenciones de mujeres por abortos, en muchos casos acusadas por el propio personal médico que debería ante todo proteger su salud. Y en Perú, está penalizado salvo en caso de riesgo para la salud o la vida de la madre y se calcula que cada día mueren dos mujeres en abortos clandestinos. En estos dos últimos países, la ONG apoya la formación dirigida a las mujeres sobre sus derechos, así como campañas de sensibilización social, como la campaña #SinRiesgo, para demandar la despenalización social del aborto en Bolivia. Además en ambos países, Alianza por la Solidaridad forma parte de redes y coaliciones de organizaciones más amplias, que llevan años luchando por el derecho al aborto, como ‘Déjala Decidir’ en Perú y la ‘Campaña 28 de Septiembre y el Pacto por la Despenalización del Aborto’ en Bolivia.

En España, Alianza por la Solidaridad se ha sumado al manifiesto del Movimiento Feminista en el que se reclama que no se discrimine a las mujeres migrantes que llegan a los centros de salud en demanda de la atención a la salud sexual y reproductiva a la tienen derecho a acceder, entre otras peticiones.

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